La Audiencia Nacional recuerda que la fianza por el “caso Bankia” puede aún modificarse

La Audiencia Nacional ha dejado la puerta abierta a que la fianza de 34 millones que estableció por presuntas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia pueda modificarse, al alza y a la baja, ante la “eventual” posibilidad de que sigan personándose accionistas afectados.

Así lo recuerda la sección tercera de la sala de lo penal en el auto en el que estima parcialmente el recurso del que fuera “mano derecha” de Rodrigo Rato en la entidad, José Manuel Fernández Norniella, contra la decisión del juez Fernando Andreu de imponer una fianza civil de 800 millones al grupo y a cuatro miembros de su excúpula.

Los magistrados insisten en que esta medida cautelar está más que justificada ante los indicios de que la cúpula de la entidad pudo cometer un delito de estafa tipificado en el artículo 282 bis del Código Penal, castigado con hasta seis años de prisión.

Este delito “no se centra tanto en la publicación de datos falsos, sino en el falseamiento de documentos que han de ser objeto de difusión”, explica la sala.

También reitera una vez más que debe dar mayor “relevancia” al informe pericial realizado por los dos inspectores cedidos por el Banco de España que al contrainforme encargado por la entidad al catedrático Leandro Cañibano o al “informe particular” que el FROB pidió a la CNMV y que “no puede llamarse propiamente un informe pericial”.

Contradice así a lo expuesto no solo por Norniella en su escrito, sino también lo que alegaron Rato, José Luis Olivas y Francisco Verdú, así como BFA, Bankia y la Fiscalía Anticorrupción, que arremetieron contra las tesis de estos dos expertos.

El Tribunal “no pone en duda” que, como aseguran los imputados, “pueden haberse seguido las pautas marcadas por los órganos supervisores” o que “pudiera haber sido necesario que Bankia saliera a bolsa por una necesidad legal, así como que las cotizaciones de las acciones son contingentes al depender de negocios volátiles, y que hubiera además un interés máximo para el éxito de la operación”.

Sin embargo, “hay un hecho que se desprende de los informes periciales de los inspectores del Banco de España que el tribunal tiene muy en cuenta”, y es que los estados financieros con los que la entidad debutó en el parqué en julio de 2011, no mostraron “su imagen fiel”.

No obstante a todo ello, estima parcialmente los recursos de los imputados, que reclamaron que, de no anular la fianza, al menos la rebajara a lo que reclamaron los perjudicados personados durante la vista celebrada el pasado febrero, que asciende a 34 millones.

En este sentido, precisan que la Lecrim prevé que esa cantidad puede ser modificada “si durante el curso del juicio sobrevinieren motivos bastantes para creer” tanto que la cifra impuesta se excedió o, por el contrario, no alcanzó las responsabilidades totales a garantizar, “siendo ello una previsión legal razonable, en base a una eventual personación de nuevos perjudicados”, concluye.