La Audiencia de Oviedo deja en libertad a los condenados por el caso Marea

La Audiencia Provincial de Oviedo ha dejado hoy en libertad provisional a los condenados por el caso Marea, a los que se les impuso penas que superan los 40 años de cárcel, desestimando así la petición de ingreso en prisión realizada por la acusación particular ejercida por Podemos.

El tribunal ha anunciado esta decisión tras la celebración de la audiencia prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde han comparecido los cinco principales condenados en la causa por la adjudicación irregular de contratos, el ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre; su número dos en el departamento, María Jesús Otero; la funcionaria Marta Renedo y los empresarios Alfonso Carlos Sánchez y Víctor Manuel Muñiz.

Durante la 'vistilla', la Fiscalía ha solicitado la libertad provisional para los condenadas, petición a la que se han adherido las acusaciones particulares ejercidas por el Principado y por María Teresa Porrúa, así como las populares a cargo de la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes y el Partido Progresista de Belmonte.

Según el Ministerio Público, en los condenados, que ya ingresaron en prisión provisional tras su detención, no concurre ninguno de los supuestos para aplicarles esa medida dado que no existe riesgo de fuga, no pueden alterar pruebas, tienen sus bienes incautados, han depositado cuantiosas fianzas y han cumplido “escrupulosamente” todas las medidas que les han sido impuestas por los tribunales.

Las defensas de los acusados se han sumado al criterio de la Fiscalía y la letrada de Otero ha afirmado que la “alarma social” aludida por Podemos no es tal y que se trata de una medida que sólo busca “presionar al Gobierno o a los jueces” mientras que el abogado de Riopedre, Sergio Herrero, ha señalado que la petición se fundamentaba en motivos “no jurídicos y derivados del juego político que afortunadamente se desarrolla fuera de este tribunal”.

La sentencia condena al exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y a su número dos en el departamento, María Jesús Otero, a 6 y 9 años y medio de prisión, respectivamente, e impone también 9 años de cárcel a la funcionaria Marta Renedo Avilés por su participación en la trama de adjudicación irregular de contratos.

Además, los cuatro empresarios juzgados -Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo; Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín; Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, y José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería- fueron condenados a un total de 15,9 años de prisión.