Autorizan el traslado a un hospital de los activistas mapuches chilenos en huelga hambre

El Tribunal de Garantía de la ciudad de Temuco, en la sureña región chilena de La Araucanía, autorizó hoy a Gendarmería para que traslade a un hospital a los hermanos Pablo y Ariel Trangol, que llevan 117 días en huelga de hambre, situación que ha puesto en riesgo su salud.

Ambos, junto a su hermano Benito y Alfredo Tralcal, están imputados por el incendio de una iglesia evangélica ocurrido en junio de 2016.

Aunque los cuatro comuneros mapuches llevan el mismo tiempo en huelga de hambre, Pablo y Ariel dejaron de consumir agua hace unos días, y aunque la Iglesia católica ha intercedido en esta situación, ellos respondieron que seguirán “hasta las últimas consecuencias”.

Fuentes judiciales informaron este sábado “que a partir de este momento, Gendarmería (guardia de prisiones) está autorizada a llevar a los dos acusados a un centro asistencial”.

Los activistas llevan adelante esa medida con el fin de evitar que les investigue bajo la Ley Antiterrorista, petición que fue escuchada por el Ejecutivo, que en la noche del viernes solicitó recalificar el uso de dicho articulado en este caso.

La información la entregó el ministro del Interior, Mario Fernández, que se reunió con los familiares de los comuneros, cita a la que llegó también la presidenta Michelle Bachelet.

“El Gobierno ha procedido a interponer un recurso de apelación, cautela de garantías y un recurso de amparo para insistir en la sustitución de las medidas cautelares”, precisó Fernández en una rueda de prensa celebrada en la sede del Ejecutivo.

Fernández manifestó su esperanza de que tras la petición del Ejecutivo, de retirar el carácter terrorista a las querellas presentadas contra los mapuches chilenos, estos depongan la huelga de hambre.

En La Araucanía, una de las regiones más pobres de Chile, los indígenas ocupan 600.000 hectáreas, que equivalen a un 5 % de las tierras heredadas de sus familiares y una sexta parte de lo que poseen las compañías forestales.

La reclamación de terrenos al Estado chileno ha derivado en un conflicto que se extiende hace décadas en la zona, que ha significado la muerte violenta de varios comuneros, así como mujeres, niños y ancianos víctimas de violencia desmedida, además de la muerte de agricultores y policías.

Lo anterior sumado a una cantidad de ataques incendiarios a propiedades, bosques, vehículos e iglesias, con decenas de indígenas procesados y condenados por esos hechos, a veces bajo pruebas “insuficientes”, según reclaman organizaciones de derechos humanos.