El Ayuntamiento de Madrid inicia el proceso para anular la venta de vivienda pública de Botella

La Junta de Gobierno de Madrid ha iniciado hoy el procedimiento administrativo para declarar la nulidad de la venta de 1.800 viviendas municipales al fondo de inversión Fidere por parte del Gobierno de Ana Botella en 2013, un proceso que para seguir adelante necesita un informe favorable de la Comunidad.

La teniente de alcalde de Madrid y presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Marta Higueras, ha informado hoy en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este acuerdo, alcanzado un año después de anunciarse la medida con la que se pretende dar marcha atrás a la venta de viviendas públicas.

Antes de seis meses -tope para pedir el informe “preceptivo y vinculante” de la Comunidad de Madrid- el Ayuntamiento iniciará un proceso de audiencia en el que tanto las personas afectadas como las responsables de la venta, entre ellas las exalcaldesa Ana Botella, podrán pronunciarse si lo solicitan.

La número dos de Manuela Carmena entiende que, una vez reciba el informe municipal, la Comunidad de Madrid “no podrá hacer otra cosa” que pronunciarse a favor de la nulidad porque -argumenta Higueras- “lo que se cuestiona no es si es legal o no vender las viviendas a fondos buitre, que ya sabemos que sí, sino si la forma de hacer la venta fue legal”.

“Y estamos cuestionando un proceso que no existió”, ha explicado Higueras en referencia a una venta del patrimonio municipal en la que en su opinión “se cometieron las infracciones más graves y manifiestas”.

Si el informe de la Comunidad es favorable, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid se enfrentaría a un proceso “seguramente largo y judicializado” para acometer la nulidad, puesto que, según ha reconocido la propia Marta Higueras, “es evidente que hoy en día no se puede revertir el proceso”.

Y no sería fácil dar marcha atrás, entre otras cuestiones, porque “hay muchas viviendas que se han vendido” y además los fondos que compraron ese patrimonio se verían “perjudicados por una actuación negligente del Ayuntamiento” y “lo lógico” sería que pidiesen una compensación económica.

“Si la Comunidad nos dice que sí, el arreglo posterior va a ser largo y posiblemente judicializado”, ha reconocido Higueras.

La Cámara de Cuentas cuestionó en un informe la venta de estas viviendas por no respetar las instrucciones internas de contratación y no existir tasación previa de los pisos.

Las 1.860 casas correspondientes a 18 promociones de viviendas protegidas en arrendamiento y alquiler con opción a compra antes municipales fueron a parar al grupo Fidere por 128,5 millones de euros en una operación impulsada entre 2012 y 2013.

La comisión de investigación sobre este asunto constituida en el Ayuntamiento de Madrid concluyó que la Comunidad de Madrid permitió el “expolio del patrimonio público” y recomendó emprender acciones legales para lograr la nulidad de la venta, además de querellarse contra los responsables políticos de la operación.

Preguntada sobre la posible presentación de esta querella, la presidenta de la EMVS ha recordado que los procedimientos penales contra la venta se han “archivado por dos veces” y que por tanto el Consistorio los da por “paralizados”, aunque ha apuntado que el Tribunal de Cuentas investiga esta cuestión.

En caso de que se abra un procedimiento judicial tras el informe del Tribunal de Cuentas, se dirigirá “contra la Junta de Gobierno” del Ayuntamiento de Madrid de aquella etapa.