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El fiscal del 'caso Bankia' denuncia que la reforma penal de Gallardón crea “espacios de impunidad”

Gallardón dice que los presupuestos garantizan el servicio público de la justicia

Pedro Águeda

La reforma penal de Alberto Ruiz Gallardón acumuló hoy una nueva crítica. Esta vez de parte de uno de los miembros del sistema judicial que tendrá que trabajar a diario con el nuevo Código Procesal Penal, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón. Para el representante del Ministerio Público, el nuevo texto comete “un olvido lamentable” al dejar en un segundo plano un “fenómeno delictivo tan grave” como es el crimen organizado en todas sus expresiones, también en la corrupción.

Luzón no es un recién llegado a la carrera fiscal. Solo en la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Corrupción se ha encargado de casos tan relevantes como el que afectó al exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, Tabacalera, Fórum y Afinsa, y más recientemente el ‘caso Bankia’. Esta tarde, participó en unas jornadas que abordan el fenómeno del crimen organizado en la Universidad Rey Juan Carlos. Y allí aseguró que con la reforma del Código Penal del Gobierno del PP “se crean importantes y peligrosos espacios de impunidad”. “Será muy ineficaz para combatir la delincuencia organizada y la corrupción”, concluyó Luzón su intervención.

La reforma penal de Gallardón ha recibido duras críticas desde el sector progresista de la judicatura. Una de ellas es su marcado carácter efectista, también en lo referente a la corrupción. Una de las medidas estrellas del nuevo Código Penal Procesal consiste en crear el delito de financiación irregular que poder atribuir a los partidos, como personas jurídicas. El anuncio se produjo en plena ebullición del ‘caso Bárcenas’, que investiga una presunta finaciación irregular del PP a través de empresarios que realizaban donaciones a cambio de recibir contratos con la Administración. La irretroactividad de la reforma hace imposible aplicar el nuevo Código Penal al caso que instruye en estos momentos el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional.

Luzón se dirigió esta tarde a un auditorio compuesto en su práctica totalidad por estudiantes de Derecho e intervino con el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, sentado a su izquierda. También estaba anunciada la participación del juez Ruz, que sin embargo excusó su asistencia por motivos familiares. En este contexto, Luzón se mostró pesimista sobre la erradicación del fenómeno de la corrupción. “Ha existido siempre la corrupción política. Quizá no sea un objetivo realista su erradicación. A lo más que podemos aspirar es a proteger a la sociedad frente a los casos más graves”, aseguró.

Según Alejandro Luzón, en la actualidad hay más corrupción que antes, aunque se carezca de “datos empíricos”. En cualquier caso dijo que esa percepción puede responder a que se descubren más casos porque las autoridades también son “más eficaces” que en el pasado.

Luzón reclamó la creación de nuevos tipos penales para el crimen organizado y se quejó especialmente de la existencia de los denominados territorios ‘off shore’, por donde pasan la inmensa mayoría de los fondos procedentes del delito y que dificultan la recuperación de los mismos. Frente a la delincuencia organizada, no sólo es necesaria la cooperación internacional, razonó, sino también la que debe producirse entre los distintos organismos estatales. En este punto se quejó de los continuos retrasos en la puesta en marcha de la Oficina de Recuperación de Activos.

El fiscal Anticorrupción alabó el grado de especialización que en la persecución de los delitos económicos ha conseguido la Policía, los técnicos de la Agencia Tributaria o la propia Fiscalía Anticorrupción, pero echó de menos una instrucción que, dijo, “entierra” el trabajo de los profesionales. Al reclamar la creación de tribunales especializados, apuntó: “La revisión de las competencias de la Audiencia Nacional me parece urgente”.

De otro lado, Luzón se sumó a la crítica generalizada en el Ministerio Público ante la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La reforma que servirá para dejar la instrucción en manos del fiscal, en lugar del juez, quien sin embargo, podría impugnar todas las prueba que proponga el Ministerio Público, criticó Luzón. “Si hacemos todo el viaje para esto, avanzaremos muy poco”, añadió.

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