Bankia reclamará a Rato los intereses que perdió por adelantar su fianza de 133 millones
Puede que 1 millón de euros resulte una cantidad menor para una entidad como Bankia. Sin embargo, la actual dirección, con José Ignacio Goirigolzarri al frente, no quiere perdonar ni un solo euro a los que fueron sus anteriores gestores, responsables de la salida a Bankia y posterior quiebra del banco. Por eso reclamará los intereses que perdió al adelantar la fianza de 800 millones de euros que el juez Fernando Andreu impuso de forma solidaria a los seis imputados en la pieza principal, entre ellos Rodrigo Rato, informaron a eldiario.es fuentes jurídicas.
Bankia depositó los 800 millones al límite del plazo impuesto por el juez, ante la evidencia de que ninguno de los cuatro exdirectivos (Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú) habían hecho el más mínimo movimiento por poner su parte, 133 millones de euros cada uno. La entidad quería así evitar un embargo que se dirigiría hacia el único de los seis imputados que podía responder de los 800 millones.
Pero cuando ya había requerido notarialmente su parte a los otros imputados, paso previo a una demanda civil, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigió a Andreu y dejó los 800 millones de fianza en 34. Los jueces de la Sección Tercera decidieron que debían tomar exclusivamente como referencia la inversión de los pequeños accionistas que están personados en la causa y que habían exigido el establecimiento de fianza.
La decisión permitió respirar aliviados a Rato y el resto, que de tener que abonar 133 millones cada uno, pasaban a responder con 5,6. Ahora, además, han logrado que las aseguradoras que cubrieron la salida a bolsa de Bankia, Liberty International Underwriters (LIU) y Torus, respondan por ellos. Esas dos aseguradoras consignaron en la mañana del jueves un total de 22,7 millones de euros, la parte proporcional de los cuatro exdirectivos en concepto de responsabilidad civil, destinada a asegurar las responsabilidades pecuniarias de una posible condena. Por su parte, Bankia ha consignado los 11,3 millones que corresponden a la entidad y a su matriz, BFA, igualmente imputadas.
Sin embargo, la entidad de Goirigolzarri no se conforma y va a reclamar a Rato, Fernández Norniella, Olivas y Verdú el casi millón de euros que ha supuesto tener congelados casi dos meses los 800 millones de euros que adelantó para evitar el embargo. A partes iguales, cada uno de los cuatro exdirectivos deberá responder, según Bankia, de 162.400 euros por los intereses perdidos entre el entre el 17 de marzo y el 13 de mayo, explicaron las fuentes citadas. Por el momento, han sido informados formalmente de esta circunstancia, pero en los próximos días, los servicios jurídicos tendrán lista la demanda civil con la que pretenden recuperar el dinero.
Cálculo de una firma externa
Para hacer el cálculo, Bankia y BFA han solicitado un informe a una firma externa independiente, Solventis, que ha calculado el lucro cesante que ambas entidades han obtenido por tener inmovilizados los 800 millones, con el resultado de 974.400 euros. Para hacer ese cálculo, Solventis ha tomado el rendimiento de Bankia y su matriz.
En cualquier caso, la Audiencia Nacional dejó la puerta abierta a que la cifra de 34 millones de euros de fianza por responsabilidad civil pueda crecer. En su auto, la Sala de lo Penal advertía de la posibilidad de que siguieran sumándose perjudicados, como así está ocurriendo. El informe de los peritos del Banco de España, en el que aseguran que Rato y su equipo maquillaron las cuentas de la entidad para lograr salir a bolsa, ha supuesto un terremoto entre los pequeños inversores, que están acudiendo en masa a la Audiencia Nacional. Según informa Efe, solo el pasado lunes, el magistrado aceptó la personación de casi 300 de una sola vez, y ya son más de 4.000 los personados en el caso.
Rato ya depositó una fianza de 3 millones de euros, avalados por el Bando de Sabadell, en la pieza separada de las tarjetas black. Y aún tiene pendiente de consignar los 18 millones de euros que un juez de Madrid le ha impuesto en el caso por blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes que se sigue contra él a raíz de una denuncia de Hacienda.
