Batet defiende retirada de recursos ante TC como práctica normal de Gobierno

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha defendido hoy la retirada de recursos de inconstitucionalidad contra normativas de la comunidades autónomas como una “práctica habitual” y “normal” del Gobierno y ha reclamado al PP que deje de presentarlo como algo “excepcional o turbulento”.

En respuesta a una pregunta de la diputada Isabel Borrego, del PP, en el pleno, Batet ha destacado que los desistimientos de recursos ante el Tribunal Constitucional no son una “invención” del actual Gobierno, sino que ya se produjeron 391 con anteriores Ejecutivos, de ellos 20 con el de Rajoy y 60 con el de Aznar.

Borrego ha reprochado que el Gobierno ha actuado de manera “imprudente” al retirar algunos de los recursos porque lo ha hecho “por razones políticas”, después de la reunión que mantuvo el presidente, Pedro Sánchez, con el presidente catalán, Quim Torra, y respondiendo al “chantaje” de sus socios de Gobierno.

Batet ha preguntado si también Rajoy estaba “sometido al chantaje” cuando desistió de recursos ante el TC o cuando lo hacía Aznar era “el pago de un precio político”, tal y como critica la diputada 'popular' al Ejecutivo actual, y le ha reprochado que haga alusiones “falsas” para destruir la confianza y dañar al sistema democrático.

La ministra ha explicado que el Gobierno ha decidido retirar recursos, entre ellos contra la ley catalana de universalización de la sanidad, siempre bajo tres criterios: que el TC ya haya resuelto casos similares, que haya legislación básica estatal modificada, o que la autonomía se compromete a adaptar la ley a la constitucionalidad.

“Que ahora España tenga un Gobierno que dialogue, que apuesta por la convivencia, no crispa, y que prioriza los acuerdos dentro marco Constitución es una buena noticia”, ha concluido.

La diputada del PP ha indicado que el recurso de inconstitucionalidad es una de las garantías constitucionales para que las leyes estén dentro del marco legal y no deben tomarse como “agravios” y ha instado al Gobierno a esperar las sentencias en lugar de retirarlos.