Becerril confía en que la nueva ley de desahucios paralice muchos de ellos

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha confiado hoy en que la entrada en vigor de la ley de protección a deudores hipotecarios y contra los desahucios “paralice muchos de ellos y le otorgue al juez capacidad para discernir si existen circunstancias que justifiquen no hacer frente a los pagos”.

Becerril, que ha clausurado en la capital salmantina el Máster y Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca (USAL), ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que la crisis económica ha incrementado el número de quejas que llegan a su departamento.

Éstas proceden en su mayoría, según ha explicado, de empleados públicos afectados por reducciones salariales y de familias implicadas en procesos de desahucio.

En este sentido, ha expresado su confianza en que la próxima entrada en vigor de la ley de protección a deudores hipotecarios y contra los desahucios “paralice muchos de ellos y le otorgue al juez capacidad para discernir si el afectado tiene circunstancias familiares o personales que justifiquen el hecho de no hacer frente a los pagos”.

En materia de igualdad, la Defensora del Pueblo ha opinado que la sociedad española “ha avanzado muchísimo en las ultimas décadas”, aunque ha calificado de “muy grave” el problema de la violencia machista, a pesar de “los cambios habidos en la legislación y de la puesta en marcha de medidas de tipo asistencial”.

Desde su punto de vista, todavía existe miedo a denunciar por parte de algunas mujeres porque para ello “se necesita un coraje propio o de alguien que haga dar el paso”, de ahí que haya estimado conveniente “tener al lado a una persona o institución que ayude”.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por la trata de seres de humanos de la que ha dicho que “trae consigo el sometimiento sexual de miles de mujeres sujetas a redes de explotación”.

Precisamente, en este sentido, la institución a la que representa ha realizado un estudio en colaboración con la Fiscalía y la Policía Nacional.

En él se analizan “cómo operan y se ponen al descubierto los principales problemas de estas mujeres”, a la vez que ha constatado que entre las principales dificultades con las que se encuentra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es “el carácter internacional de las organizaciones”.

“Su origen -ha remarcado- se sitúa en países muy alejados geográficamente aunque operan en España y el resto de Europa”.

Además, el informe elaborado “intenta resaltar el drama humano, arrojando luz sobre el perfil de las víctimas y explicando qué les sucede cuando la Policía las detiene por estar en situación irregular”.

De este modo, ha dicho que el Ministerio del Interior acaba de poner en marcha un programa para formar a efectivos policiales “tanto para perseguir este tipo de delitos como para ayudar a las víctimas”.

Finalmente, la Defensora del Pueblo ha confiado en “poder servir y dar un buen servicio al ciudadano” ante las dificultades actualmente existentes en España.