Becerril detecta un descenso en la comercialización de fármacos innovadores

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha detectado una “tendencia a la baja” desde 2009 en la comercialización de medicamentos innovadores, que se ha visto “fuertemente acentuada” en 2013, un asunto que constituye uno de los principales motivos de queja de los enfermos graves u oncológicos.

Así se señala en la Memoria Anual 2014, presentada hoy por la defensora del Pueblo a las Cortes, que recoge un descenso del 60 % de las quejas de los ciudadanos en materia sanitaria con respecto a 2013.

En concreto, son 743 quejas frente a las 1.854 de 2013 y 1.756 de 2012, y de ellas, el 57 % se refieren a los ámbitos de atención primaria y especializada y prestación farmacológica.

A las quejas recibidas, de las que se han admitido un 56 %, hay que añadir 19 actuaciones de oficio sobre cuestiones muy variadas, tanto de alcance individual como por cuestiones estructurales o que afectan al Sistema Nacional de Salud (SNS) en su conjunto.

Becerril se ha dirigido al Ministerio de Sanidad y a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para conocer los recursos existentes y los protocolos previstos tras el contagio de ébola de la auxiliar de enfermería Teresa Romero en el hospital Carlos III de Madrid del pasado año.

También ha actuado de oficio ante el Ministerio para contrastar las opiniones de expertos de que se estaba incrementando los retrasos en la incorporación de medicamentos innovadores al SNS, especialmente los indicados para el tratamiento de enfermedades oncológicas.

En el informe que Sanidad le remitió a la institución aludió a varias circunstancias que inciden en los tiempos para la aprobación de algunos nuevos medicamentos, y entre ellos aludió como un motivo inicial de exclusión de financiación con la variable coste-tratamiento-año superior a 50.000 euros, “salvo beneficio indiscutible”.

Tras finalizar la actuación, la defensora ha emitido una serie de consideraciones y en la primera recalca que el sistema público sanitario “debe ser capaz de responder en cualquier circunstancia al mandato constitucional de protección de la salud de todos los ciudadanos y, con carácter prioritario, cuando puede llegar a verse gravemente afectado el derecho fundamental a la vida o a la integridad física y psíquica de los pacientes”.

Además duda que sea efectivo para una mayor agilidad en los procedimientos fijar una cuantía económica como motivo inicial de exclusión de financiación de un medicamento.

Y finalmente detecta, con los datos de la Agencia Española de Medicamentos de Productos Sanitarios (AEMPS) para el periodo 2009-2014 sobre fármacos innovadores, una tendencia a la baja en la comercialización desde 2009, “fuertemente acentuada” en 2013.

La defensora cree que esta situación puede deberse a la elaboración de los informes de posicionamiento terapéutico y, en general, a una “mayor demora en la fase de decisión sobre la financiación o no a cargo del sistema público y, en su caso, sobre el acuerdo de precio”.

Esta demora se siente especialmente en los pacientes con enfermedades raras, con los fármacos llamados huérfanos.

En la actualidad, la Agencia Europea de Medicamentos tiene incluidos 67 fármacos huérfanos y España ha comercializado 52.

Becerril alude a la “la falta de proporcionalidad entre las habituales altas exigencias de precio por parte de las empresas titulares de estos fármacos y las favorables condiciones de financiación que ha venido ofreciendo el SNS, en el marco de los correspondientes procedimientos de negociación”.

La defensora también se ha interesado por las dificultades de los enfermos de hepatitis C para acceder a fármacos de última generación y ha requerido al Ministerio un programa o estrategia de alcance estatal para que puedan seguir esos tratamientos el mayor número de pacientes.

Otros asuntos han sido objeto de tramitación de quejas, como el hecho de que los inmigrantes ilegales con enfermedades crónicas o graves sean atendidos en urgencias, “sin la debida continuidad asistencial”.

También han sido motivo de quejas las “amplias demoras” en las listas de espera o la disconformidad de muchos padres con la exclusión en su comunidad de algunas de las vacunas infantiles incluidas en años anteriores a la aprobación del calendario de vacunación infantil.