Beteta dice que la reforma local busca mejorar servicios y no solo austeridad

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha insistido hoy en que la reforma local busca mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos y que la futura ley no atiende solo al ahorro y la austeridad en la administración local.

Beteta se ha expresado así en la Comisión de Hacienda del Congreso, en la que ha explicado el texto de la futura ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que recoge las alegaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al borrador anterior.

El texto explicado hoy fue aprobado ayer por la Comisión Nacional de la Administración Local y remitido al Consejo de Estado, quien en el plazo de un mes, lo analizará para enviarlo al Consejo de Ministros.

“Quien quiera ver solo ahorro se equivoca, el objetivo de la reforma no es la austeridad”, ha asegurado el secretario de Estado, quien ha recordado que las corporaciones locales “ya han cumplido con creces la reducción del déficit como ninguna otra administración”.

Asimismo, Beteta ha dicho que la fijación de un coste estándar para los servicios públicos que dan los ayuntamientos supondrá una mejora en la prestación y que el nuevo papel que tendrán las diputaciones fomentará “la cooperación interterritorial”, algo que, a su juicio, hará que sean “más baratos”.

Según el texto de la futura ley, en los casos de municipios con menos de 5.000 habitantes que no puedan ofrecer servicios con un coste igual o inferior al coste estándar (lo que pagan ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes por ese servicio), los ayuntamientos deberán delegarlos a las diputaciones provinciales.

Además, el secretario de Estado ha recordado algunas de las previsiones de ahorro que, según Hacienda, supondrá la reforma: 2.267 millones de euros en prestación de servicios obligatorios y 1.397 millones por limitaciones a la iniciativa económica local entre 2013 y 2019, a los que se añaden 3.735 millones derivados de la eliminación de duplicidades.

En materia de personal público, miles de concejales dejarán de cobrar exclusividad pero percibirán una dieta de unos 600 euros, con lo que se prevé ahorrar más de 66 millones de euros.

Beteta ha reconocido que se trata de una reforma “de gran calado” que tendrá que ser “profundamente analizada” antes de su aprobación final en las Cortes, por lo que se ha mostrado abierto a seguir recibiendo propuestas.

Por su parte, la socialista Meritxell Batet ha criticado que la futura ley sea “una profunda reforma ideológica” con la excusa de criterios económicos y que bajo el pretexto de evitar duplicidades se pretende prohibir a los ayuntamientos ejercer competencias en educación o sanidad, “dándoles un rol de subordinación”.

“Lo que va a suceder es que muchos servicios se dejarán de prestar, muchos ciudadanos se quedarán sin el servicio”, ha apuntado Batet quien ha pedido al secretario de Estado “un esfuerzo” para que la reforma local “parta de otras premisas y tenga otros objetivos”.

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha advertido a Beteta de que si la reforma local rebasa ciertas “líneas rojas” su grupo se opondrá frontalmente “con todos los medios a nuestro alcance”.

Esteban ha afirmado que la lectura del último borrador de la reforma local ha causado “alarma” en el PNV porque solo contiene “una genérica mención” a las competencias forales y ha exigido “mayor concreción en el respeto foral para evitar la judicialización de muchos asuntos”.

En su respuesta, el secretario de Estado ha querido subrayar que “la palabra privatización no existe en toda la ley” ni tampoco la de “externalización”, después de que varios grupos de la oposición hayan acusado al Gobierno de reformar la administración local para privatizar los servicios públicos.