Birmania alerta de un deterioro de la seguridad en el oeste del país

Las autoridades birmanas alertaron hoy del deterioro de la seguridad en el estado de Rakhine, en el oeste del país, un día después de vetar a investigadores de la ONU sobre supuestos abusos contra la minoría musulmana rohinyá en esta zona.

La oficina de la líder de facto del Gobierno, Aung San Suu Kyi, hizo la alerta tras una serie de incidentes que atribuyó a insurgentes, a los que acusó de amenazar y asesinar a líderes locales de la mayoría budista y la minoría musulmana.

“El Gobierno condena estos ataques y amenazas, que parecen ser un intento coordinado para desestabilizar la situación en el norte de Rakhine e incitar más violencia y conflicto”, dijo la oficina de Suu Kyi en un comunicado.

“La policía trabaja para identificar, capturar y procesar a los responsables como parte de un esfuerzo más amplio para erradicar elementos extremistas que desestabilizan la región”, añadió la nota.

El Gobierno evitó relacionar a los asaltantes con Harakah al-Yaqin, un grupo rebelde rohinyá que se atribuyó el asalto el pasado octubre contra un puesto de policía que causó la muerte de nueve agentes.

El ejército birmano respondió a ese ataque con una operación de seguridad que llevó a al menos 74.000 rohinyás a huir a Bangladesh y a la ONU y varias organizaciones a denunciar numerosos abusos contra la población civil, incluidos asesinatos, violaciones y quema de casas.

El Gobierno birmano anunció ayer que no concederá visados a los miembros de una misión de investigación de Naciones Unidas dedicada a los supuestos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad contra la población civil rohinyá.

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU nombró en mayo a los tres miembros de esta misión tras denunciar que las acciones de las que se acusa al Ejército podrían considerarse como crímenes contra la humanidad.

Más de un millón de rohinyá viven en Rakhine, donde sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia en 2012 que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 de ellos confinados en 67 campos.

Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyá, sino que les considera inmigrantes bengalíes, y les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.