Blesa hace otro intento para expulsar sus correos del caso de tarjetas opacas

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha hecho un último intento para expulsar sus correos electrónicos como prueba en la causa de las tarjetas opacas al entender que Bankia, la auditora PwC e incluso el fondo de rescate español, el FROB, los obtuvieron “ilícitamente”.

En un escrito al que ha tenido acceso Efe, el exbanquero ha reclamado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que revoque la decisión del juez Fernando Andreu de incorporar una decena de correos electrónicos a la pieza separada del “caso Bankia” en la que está imputado por las tarjetas “black” de la entidad.

Después de que Andreu desestimara el pasado 17 de abril el recurso de reforma, Blesa intenta que los magistrados de la Sala expulsen como prueba sus correspondencia electrónica porque, sostiene, se obtuvo sin que ninguna resolución judicial autorizase el acceso, ni a Bankia -para la que nunca trabajó- ni a PwC.

Sus correos, explica, fueron alojados “accidentalmente” en un servidor después de que Caja Madrid los borrara, con lo que Bankia los obtuvo así “ilícitamente” y se los entregó a la auditora, algo que los convierte en una prueba nula.

PwC los incluyó en un informe forense sobre retribuciones en Caja Madrid que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) remitió a la Fiscalía Anticorrupción, que se los terminó entregando a Andreu por ser de “interés” para la investigación de las tarjetas.

Entre los correos incorporados, figura el que el secretario del consejo de la Caja Enrique de la Torre envió el 1 de septiembre de 2009 a su sustituto, poniendo copia a Blesa, en el que desvelaba la existencia de las visas opacas.

Aseguraba en él que los miembros de la Comisión de Control tienen “cada uno una tarjeta visa de gastos de representación, black a efectos fiscales...” de 25.000 euros excepto el presidente, “que tiene una cobertura de 50.000”.

Y “todo ello tiene la bendición presidencial y (salvo las dietas y tarjetas de Pedro Bedia y Francisco Baquero) de la Comisión de Retribuciones”, añadía.

Como ya hiciera en el recurso presentado ante el juez, Blesa recuerda que el pasado diciembre avisó en una carta al director de Asesoría Jurídica de Bankia, Fernando Manzanedo, que la posesión de estos documentos por parte de la entidad, “aun accidental, no es legítima y resulta contraria a la ley de protección de datos”.

Al mismo tiempo, emplazaba a que “se abstengan de entregar o facilitar copia” de estos u otros datos personales “a terceras personas, incluida la consultora PwC”, y advierte de que, hacerlo sin mandamiento judicial, “supondría la vulneración de sus derechos fundamentales con las consecuencias jurídicas que pudiera provocar”, y en concreto alude un delito de revelación de secretos.

En su nuevo escrito, argumenta que “Bankia y también el FROB, si es que hubiese tenido intervención en ello, lejos de solicitar o promover la obtención de la correspondiente autorización judicial para acceder a dicha correspondencia electrónica, decidió hacer caso omiso” a ese burofax.

La entidad, prosigue, optó “por vulnerar” su derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, y sin requerir la autorización judicial correspondiente, procedió a examinar multitud de correos y entregárselos a terceros.

Además, recrimina al instructor que no tuviera en cuenta “el matiz” de si los mensajes intervenidos habían sido abiertos, caso este último en el que “el proceso de comunicación no habría concluido”, según la doctrina que cita del Supremo, con lo que se habría vulnerado su derecho al secreto de las comunicaciones.