Brasil pide “respeto” a las decisiones de su Poder Judicial sobre Lula

El Gobierno brasileño pidió hoy que la comunidad internacional “respete” las decisiones del Poder Judicial del país, como la que halló culpable de corrupción al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en prisión desde hace más de un mes.

“Nosotros en Brasil respetamos la división de poderes y, si el Poder Judicial decide, nosotros no lo discutimos y entendemos que todos los estados soberanos deben respetarlo también”, dijo en una teleconferencia con corresponsales extranjeros el ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha.

Respondió así a una pregunta sobre una carta divulgada por seis exjefes de Estado y de Gobierno europeos que abogaron por Lula, pusieron en duda el proceso que le llevó a prisión y pidieron que pudiera ser candidato en las elecciones de octubre próximo.

La carta la firmaron el español José Luis Rodríguez Zapatero, el francés François Hollande, los italianos Massimo D'Alema, Romano Prodi y Enrico Letta y el belga Elio di Rupo y ya motivó una dura respuesta del canciller brasileño, Aloysio Nunes.

“Recibí con incredulidad las declaraciones de exjefes de Gobierno europeos que se arrogan el derecho de dar lecciones sobre el funcionamiento del sistema judicial brasileño”, indicó el canciller en una nota difundida por su despacho este miércoles.

Según Padilha, “la cuestión del expresidente Lula es dictada por el Poder Judicial” y tanto al Gobierno brasileño como “a los otros Estados soberanos solo les cabe respetarlo”.

Lula, encarcelado desde el 7 de abril, fue condenado por corrupción a nueve años, pero esa pena fue ratificada y ampliada a doce años por un tribunal de segunda instancia, que luego ordenó la ejecución de la pena, según la jurisprudencia en vigor en el país.

Aun así, y aunque responde todavía en otras seis causas penales, el Partido de los Trabajadores (PT) lo ha proclamado como candidato para las elecciones de octubre próximo, con vistas a las cuales lidera todavía las encuestas de opinión.

Esa candidatura, más allá de su actual condición de presidiario, choca con las leyes electorales brasileñas, que impiden a una persona condenada en segunda instancia postular a cualquier cargo público.

No obstante, la justicia electoral no actúa de oficio y solamente se pronunciaría sobre la situación de Lula si realmente su nombre fuera inscrito como candidato, para lo cual el PT tiene plazo hasta el 15 de agosto.