Bruselas quiere que el Reino Unido pague los costes de su salida de la UE

La Comisión Europea (CE) quiere que el Reino Unido pague los costes ligados a su salida de la Unión Europea, como la reubicación de las agencias comunitarias y otros organismos de la UE, según un documento del Ejecutivo comunitario publicado hoy por el medio de comunicación europeo “Politico”.

El texto (no oficial) filtrado hoy recoge los principales elementos que Bruselas pretende incluir en las futuras directivas negociadoras, que se terminarán de perfilar una vez los Veintisiete (sin el Reino Unido) adopten las directrices políticas sobre el “brexit”, lo que está previsto ocurra en una cumbre extraordinaria el próximo 29 de abril.

En la primera fase de las negociaciones, explica el documento, se dará prioridad a los asuntos identificados como “necesarios para garantizar la salida ordenada” del Reino Unido de la UE.

Entre ellos se incluye la resolución de las obligaciones financieras antes del abandono del Reino Unido del proyecto europeo, es decir, el “acuerdo económico”, que deberá asegurar que tanto la UE como el Reino Unido respetan las obligaciones asumidas antes de la fecha de retirada.

Precisa además que debería haber un solo acuerdo financiero relativo al presupuesto de la UE y al término de la afiliación del Reino Unido a todas las instituciones u organismos establecidos en los Tratados, como el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones.

El acuerdo financiero, prosigue el texto, debe basarse en el principio de que el Reino Unido debe responder a las obligaciones asumidas mientras era miembro de la UE y cubrir plenamente los costes relativos al proceso de retirada, como la reubicación de las agencias u otros organismos de la Unión.

La pretensión inicial de Londres pasaba por conservar, a pesar del divorcio con la UE, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA), ambas establecidas en la capital británica.

El texto precisa asimismo que se deberán acordar las modalidades de pago para limitar el impacto de la retirada sobre el presupuesto de la Unión.

El pacto financiero, indica el texto, tendrá que contener un cálculo de la cantidad global que el Reino Unido debe respetar para responder a sus obligaciones financieras hacia el presupuesto de la Unión, que podrá estar sujeto a ajustes técnicos anuales.

Por otra parte, incide en la necesidad de salvaguardar el estatus de los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido y de los británicos en los Veintisiete, como primera prioridad de las negociaciones por el número de personas directamente afectadas y la gravedad de las consecuencias de la retirada para ellas.

En particular, según Bruselas el acuerdo deberá definir las personas cuya situación deberá quedar salvaguardada, así como los derechos que se deben proteger y dejar claro que por razones de seguridad legal debe asegurar el reconocimiento de los diplomas, certificados y otras cualificaciones formales obtenidas tanto en el Reino Unido como en la UE antes del “brexit”.

El texto menciona asimismo la necesidad de cumplir con el compromiso de la Unión por continuar apoyando la paz, estabilidad y reconciliación en Irlanda del Norte y señala, en línea con las directrices del Consejo, que la futura relación entre el Reino Unido y los Veintisiete solo se podrá concluir tras la salida británica del club comunitario.

El documento no hace mención a Gibraltar, cuya futura situación sí aparecía en el borrador de guías negociadoras publicado por el Consejo Europeo el pasado 31 de marzo.

Está previsto que los líderes europeos adopten las directrices negociadoras del “brexit” en el Consejo Europeo del próximo 29 de abril.

A continuación, en torno al 3 de mayo, la Comisión Europea presentará unas directivas negociadoras más detalladas, que se espera que los países adopten el 22 de ese mismo mes en una reunión en la que la se dará a Michel Barnier el mandato como negociador del “brexit”.

Las negociaciones propiamente dichas comenzarán tras las elecciones británicas del 8 de junio, según ha dicho el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker.