La CE pide multar a España por el tratamiento “deficiente” de aguas residuales

La Comisión Europea (CE) ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) multar a España por su “deficiente” recogida y tratamiento de las aguas residuales en diecisiete núcleos urbanos, informó hoy el propio Ejecutivo comunitario.

En su sentencia de abril de 2011, el TJUE dictaminó que las autoridades españolas infringían la legislación comunitaria “al no recoger y tratar adecuadamente las aguas residuales urbanas” vertidas en 37 ciudades y urbanizaciones.

Cinco años después, España no ha adoptado soluciones en diecisiete de esas poblaciones, donde viven 1,4 millones de personas, por lo que el Ejecutivo comunitario reenvía al país ante la institución judicial y propone imponer con fecha actual una multa a tanto alzado de 46,5 millones de euros.

Bruselas también plantea una multa diaria de 171.217 euros si no se logra el pleno cumplimiento de la sentencia para cuando el Tribunal dicte su segunda resolución.

Las sanciones propuestas tendrían en cuenta “la duración de la infracción, su gravedad y el tamaño del Estado miembro”, si bien la decisión definitiva sobre las mismas corresponde al Tribunal de Justicia de la UE, precisó en un comunicado la Comisión.

Bruselas insistió en que las autoridades autonómicas deben garantizar que las aguas residuales urbanas sean “debidamente recogidas y tratadas” con el objetivo de prevenir “riesgos graves para la salud humana y el medio ambiente”.

La CE consideró necesario el reenvío del caso al tribunal comunitario “dado el deficiente progreso registrado hasta la fecha” en las localidades andaluzas Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja y Barbate, la asturiana Gijón Este y las gallegas Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira y Vigo.

Tampoco cumplen con la legislación de la Unión Europea las aglomeraciones valencianas de Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moraira, así como las canarias Noreste (Valle Guerra) y Valle de Güímar.

La directiva europea sobre el tratamiento de aguas residuales establece que los Estados miembros deben garantizar que las ciudades y urbanizaciones recojan y traten correctamente sus aguas residuales urbanas para evitar que queden contaminadas por bacterias y virus nocivos.

Estas aguas también contienen nutrientes como nitrógeno y fósforo capaces de dañar las aguas dulces y el medio marino, al favorecer la proliferación excesiva de algas que asfixian otras formas de vida.

Según la norma comunitaria, las ciudades debían disponer de sistemas de recogida y tratamiento de aguas residuales para el 1 de enero de 2001.