La CE propone proteger a los denunciantes de escándalos como los Papeles de Panamá

La Comisión Europea (CE) propuso hoy normas para proteger a los denunciantes de escándalos como los Papeles de Panamá o Cambridge Analytica con el objetivo de evitar que sean objeto de represalias y de equiparar la situación en todos los países de la Unión.

El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y la comisaria de Justicia, Vera Jourová, presentaron en una rueda de prensa una propuesta de directiva para proteger a los denunciantes de infracciones en ámbitos como la contratación pública, los servicios financieros, el lavado de dinero o la financiación antiterrorista.

También se aplicará para proteger a los denunciantes de infracciones en áreas como la seguridad de los productos del transporte o la seguridad nuclear, la salud pública, la protección de los consumidores o la protección de los datos personales.

La situación de estas personas en la Unión Europea varía mucho de un país a otro, ya que solo diez Estados miembros ofrecen en la actualidad una protección completa en este tipo de casos, mientras que en el resto es parcial, por ejemplo solo en ámbitos como la lucha contra la corrupción o en el sector público.

La nueva legislación pretende poner fin a los riesgos que afrontan las personas que alertan de este tipo de infracciones, incluido el daño a su reputación o el impacto que pueden sufrir a nivel económico o de salud.

En la práctica, la nueva ley se traducirá en la obligación de establecer canales y procedimientos internos en el sector público y privado para denunciar las infracciones, asegurando confidencialidad sobre la identidad del denunciante.

Como norma general, se aplicará a todas las empresas privadas de más de 50 empleados o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros y todos los municipios de más de 10.000 habitantes.

Las empresas pequeñas y las microempresas quedarán exentas de esta obligación, salvo las que operen en el ámbito de los servicios financieros o sean vulnerables al lavado de dinero o la financiación antiterrorista.

En esas empresas, los empleados podrán recurrir a las autoridades públicas designadas.

Además, los países deberán identificar a las autoridades encargadas de recibir y dar seguimiento a los informes.

La normativa establece el procedimiento que el denunciante deberá seguir y prohíbe las represalias, además de establecer sanciones “proporcionadas y disuasorias” para quienes las adopten.

En particular, se ofrecerá al denunciante asesoramiento legal, medidas para protegerse frente a represalias.

“No se debe castigar a quienes hacen lo correcto. Las propuestas de hoy también protegerán a los que actúen como fuentes de los periodistas, ayudando a garantizar la libertad de expresión y la libertad de los medios”, dijo el vicepresidente primero de la CE, Frans Timmermans.