La CE “no comenta” ni interviene ante el hipotético rol de Cañete en Acuamed

La Comisión Europea (CE) declinó hoy hacer comentarios o “intervenir” ante el hipotético rol que habría tenido el comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, en el caso Acuamed después de que un exalto cargo gubernamental afirmara que nombró al cabecilla de la trama.

El exsecretario de Estado de Medio Ambiente Federico Ramos ha declarado ante el juez que el entonces ministro de Agricultura y Medio Ambiente español eligió a Arcadio Mateo -en prisión desde enero- para dirigir la empresa Acuamed, a través de la que se habría cometido un supuesto fraude de unos 25 millones de euros en la concesión de contratos públicos a empresas a cambio de comisiones.

“Hay un proceso judicial nacional en marcha sobre el que la Comisión Europea no comenta, como hacemos en otros casos similares”, afirmó el portavoz comunitario Margaritis Schinas en la rueda de prensa diaria de la institución.

“No podemos, ni debemos intervenir”, añadió, a la vez que aseguró no entender “qué es lo que exactamente está empezando a ser serio” respecto a la hipotética relación de Arias Cañete con el caso.

Por su parte, el portavoz comunitario de Política Regional, Jakub Adamowicz, recordó que cuando supo de las acusaciones que pesan sobre Acuamed, la Comisión pidió “inmediatamente” al Ministerio de Hacienda y Administración Pública español que informara sobre la situación.

Acuamed se ha beneficiado tradicionalmente de fondos europeos, en particular del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y los fondos de cohesión, a fin de realizar obras públicas en el sector del agua en la cuenca mediterránea.

“Hemos recordado también las responsabilidades de asegurar que nada de los fondos comunitarios se utiliza erróneamente”, dijo el portavoz al respecto, y añadió que los países son los responsables de gestionar y aplicar los programas cofinanciados con fondos europeos que han sido previamente acordados con la Comisión.

“Esto significa que corresponde a los países elegir los programas que van a ser cofinanciados y también verificar la regularidad del gasto, que nos será enviado para ser reembolsado. Así como asegurar el cumplimiento tanto de la ley nacional como de la europea”, dijo.

Recordó que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha abierto “un caso de coordinación” para compartir información con las autoridades españolas, pero “no lleva a cabo actividades de investigación como tal”.

Adamowicz añadió que las autoridades españolas se han comprometido a “tomar todas medidas necesarias para evitar cualquier mal uso de dinero comunitario una vez que los proyectos afectados sean clarificados”.