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CGPJ certifica la seguridad del Punto Neutro,cuestionado en el caso Villarejo

EFE

Madrid —

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha certificado la seguridad de las consultas realizadas al Punto Neutro Judicial (PNJ), puesta en duda a raíz de la imputación en el caso Villarejo de su jefe de informática, si bien tras declarar este ante el juez se archivó la investigación para él.

Así lo acredita un informe del director del Centro de Documentación Judicial (Cendoj), órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial, y del que la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha dado traslado a Jueces para la Democracia, que remitió un escrito expresando su preocupación por este hecho y pidiendo información.

En concreto, la asociación quería saber si se había dado “una utilización ilegítima de tratamientos de datos llevados a cabo con fines jurisdiccionales o, por el contrario, de ficheros no jurisdiccionales”.

El informe, difundido por el CGPJ, explica que los datos introducidos en el PNJ son difícilmente manipulables por un tercero.

El Punto Neutro, “mediante una red segura de comunicaciones”, permite a los Juzgados y Tribunales interactuar con las bases de datos de Administraciones y organismos públicos, así como de determinadas entidades privadas, realizando peticiones de información a más de 20 servicios diferentes.

Fue creado en 2002 y su dirección y gestión corresponde a la Sección de Informática Judicial, cuyo jefe, Juan Carlos Garcés, es el responsable “en todas las actuaciones necesarias del ciclo de vida de un sistema información”.

Para acceder a los servicios del PNJ, el funcionario del Juzgado o Tribunal debe estar autorizado por el letrado de la Administración de Justicia, o por su correspondiente responsable en el caso de otros colectivos.

Cuando la consulta se refiere a bienes y patrimonio de personas físicas y jurídicas, “el sistema solicita la identificación del asunto judicial, el NIF y de forma automática la aplicación graba en un registro de accesos el DNI del funcionario que ha realizado la consulta, la fecha y la hora, el órgano judicial al que está asignado el usuario, el número de asunto y el NIF de la entidad o persona” sobre la que se realiza la consulta.

La transmisión se realiza a través de redes privadas y de forma cifrada, por lo que la información no es inteligible ni manipulable por terceros.

De cada consulta se guarda la identificación del usuario, el órgano judicial del peticionario, la fecha y la hora en la que se realizó el acceso y el DNI del consultado, “lo que permite a posteriori poder identificar en cada caso, el usuario que accedió, a qué servicios y la persona/entidad accedida”.

De este modo, “la trazabilidad del uso de los servicios del PNJ está garantizada”.

El informe dedica un apartado al sistema de consultas a la base de datos del DNI de la Dirección General de la Policía, explicando que “se trata del único servicio en el que, en vez de enviar el DNI del usuario solicitante de la consulta, se envía el nombre, apellidos y DNI del funcionario responsable de la aplicación”.

“El dato que se graba de forma fija y automática en el envío es el del responsable de la Sección de Informática Judicial”, lo que determina que el nombre de éste sea el único que aparece en todas las consultas de este tipo, que hasta el momento suman más de 20 millones.

Una vez comprobada esta circunstancia, a petición de la Fiscalía, el juez del caso Villarejo acordó el sobreseimiento provisional de la causa respecto de este funcionario del CGPJ.

En el auto, el magistrado dijo que no constaba que su intervención “más que en razón de la gestión de la herramienta informática” que dirige.

Asimismo, y “ante la ausencia de ningún tipo de irregularidad en la actuación profesional de Juan Carlos Garcés”, el secretario general del CGPJ ha acordado el archivo de las diligencias abiertas cuando se conoció su imputación.

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