La CIDH le pide a R.Dominicana acabar con la privación retroactiva de nacionalidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado a la República Dominicana que ponga fin a la privación retroactiva de nacionalidad a los afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2013 convirtió en apátridas a decenas de miles de personas, la mayoría de ascendencia haitiana.

La CIDH, con sede en Washington, publicó hoy un informe muy crítico con el actual Gobierno dominicano y con la “discriminación histórica” que han sufrido en el país durante décadas las personas de ascendencia haitiana.

El documento, resultado de la visita de la CIDH a la República Dominicana entre el 2 y el 6 de diciembre de 2013, denuncia que la situación de apatridia generada por la sentencia 168/13 es “de una magnitud nunca antes vista en América”.

“La situación aún no ha logrado ser plenamente reparada tras las medidas adoptadas por el Estado dominicano”, considera el comisionado Enrique Gil Botero, relator sobre los Derechos de los Migrantes.

En su investigación, la CIDH identifica violaciones de los Derechos Humanos tanto a causa de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional (TC) como de las medidas aplicadas después por el Estado dominicano para responder a sus consecuencias: la Ley 169/14 y el Plan Nacional de Regularización de Migrantes.

La Comisión insta al Estado dominicano a dejar sin efectos jurídicos esa sentencia del TC, que redefinió, con efectos retroactivos, el alcance que había tenido el principio de “jus soli” (derecho de suelo) desde la Constitución de 1929 y dejó en situación de apatridia a “decenas de miles de personas”.

Los comisionados piden también dejar sin efecto las disposiciones de la ley 169/14 que se basan en considerar extranjeras a personas nacidas en territorio dominicano, cuando aún se aplicaba el principio de “jus soli”, por ser hijas de extranjeros en situación irregular.

La CIDH rechaza que “sean tratadas como extranjeras” personas nacidas en territorio dominicano y a las que, de acuerdo a la legislación del país, les correspondía la nacionalidad dominicana.

Asimismo, lamenta que “aún no se cuente con un mecanismo que les restituya plenamente su nacionalidad a ellos y sus descendientes”.

La Comisión sigue con preocupación desde hace décadas la situación de los dominicanos de ascendencia haitiana, a quienes, asegura, se le han negado derechos histórica y sistemáticamente.

“La Junta Central Electoral dominicana se negaba desde hace décadas a registrar el nacimiento de un gran número de personas nacidas en el país y también fue una práctica extendida que se les negara la entrega de documentos de identidad”, sostiene el informe.

“Estas personas eran luego deportadas arbitrariamente y había expulsiones colectivas. Incluso personas a quienes el Estado dominicano les había reconocido su nacionalidad dominicana, a quienes les había expedido actas de nacimiento, cédulas de identidad y pasaportes, eran expulsadas del país”, añade.

En ese contexto, la CIDH considera que la sentencia del TC en 2013 “avanzó en el proceso de desnacionalización que venía siendo llevado a cabo durante décadas a través de prácticas y actos administrativos de la Junta Central Electoral de República Dominicana”.

La Comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), urge ahora al Gobierno dominicano a poner fin a “las prácticas tendientes a negar la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en el territorio en razón del origen de sus padres o ascendientes, o de la situación migratoria de sus padres”.

En su informe, de 261 páginas, la CIDH expresa su preocupación ante “los niveles de violencia que se generaron como resultado del incremento de la intolerancia y los discursos racistas” en República Dominicana, así como por “las amenazas públicas y actos de agresión contra personas que criticaron públicamente la sentencia 168/13”.

“Esta situación se enmarca dentro de la discriminación histórica que en diversas esferas enfrentan las personas dominicanas de ascendencia haitiana”, consideró la relatora sobre los Derechos de las Personas Afro-Descendientes, la comisionada Margarette May Macaulay.

“Esa discriminación se manifiesta en políticas, leyes, sentencias y prácticas tendientes a privarles de su derecho a la nacionalidad dominicana sobre la base de criterios tales como el color de piel, el origen nacional de sus padres o ascendientes, los apellidos o la capacidad lingüística”, añadió.

En este contexto, la CIDH ofrece al Gobierno dominicano colaboración para buscar soluciones a los problemas identificados por el informe y para aplicar las recomendaciones “formuladas con un espíritu constructivo y de cooperación”.

La Comisión, con sede en Washington, agradece asimismo al Gobierno y al pueblo dominicano “todas las facilidades brindadas” para la realización de su sexta visita “in loco” al país.