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La CIDH pide a Venezuela que publique la sentencia contra Leopoldo López
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró hoy su preocupación por la pena de casi 14 años de cárcel impuesta al dirigente opositor venezolano Leopoldo López el 10 de septiembre y pidió que el Estado publique los documentos judiciales correspondientes.
“La CIDH llama al Estado a publicar las sentencias dictadas en contra de Leopoldo López y de los estudiantes Christian Holdack, Demian Martín García y Ángel de Jesús González”, dice la Comisión, con sede en Washington, en un comunicado.
La CIDH reitera además su “llamado al Estado a respetar las garantías judiciales y la protección judicial en los procesos seguidos en su contra”.
López fue condenado por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio por los hechos violentos ocurridos al final de una marcha convocada, entre otros por él, el 12 de febrero de 2014.
“El abuso de tipos penales vagos y ambiguos, que permiten la atribución de responsabilidades a quienes participan o convocan a una manifestación, genera un efecto amedrentador en el ejercicio del derecho a la protesta, que resulta incompatible con los principios democráticos”, considera la Comisión en su nota.
La CIDH recuerda asimismo que otorgó una medida cautelar a López y al también opositor Daniel Ceballos el 20 de abril, “al considerar que la situación de aislamiento prolongado y los alegatos sobre maltratos contra los beneficiarios podrían implicar serias afectaciones a sus derechos a la vida e integridad personal, física, y psicológica”.
La Comisión es un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, Luis Almagro, pidió recientemente que la comunidad internacional tenga acceso a la sentencia por la que se condenó a Leopoldo López.
La sentencia contra López ha despertado las críticas y la solidaridad de varios Gobiernos, expresidentes, organizaciones no gubernamentales y artistas hacia el calificado por la oposición venezolana como “preso político” del Gobierno.
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