La CIJ pide “intervención directa” del secretario general de la ONU en Guatemala

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) pidió hoy al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que una “misión de alto nivel” evalúe en Guatemala la crisis que afecta a la relación entre el Gobierno de ese país y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG).

“Se necesita la intervención directa del secretario general de la ONU mediante una misión de alto nivel” para que investigue en el país lo ocurrido, dijo el secretario general de la CIJ, Sam Zarifi, en un comunicado.

Asimismo señaló que esa misión en el mismo país centroamericano tendrá que examinar “si el Gobierno de Guatemala está dispuesto a honrar el Acuerdo -de creación de CICIG- firmado en Nueva York, en diciembre de 2006”.

Los juristas internacionales señalaron que su petición se basa en que “los actos unilaterales del presidente Jimmy Morales” constituyen “una violación” a las garantías de la CICIG, algo que podría “afectar el eficiente trabajo” del comisionado Iván Velásquez, con el fin de “obstaculizar la justicia” y promover así “más impunidad en el país”.

El presidente Morales realizó un viaje a Nueva York el pasado 25 de agosto para reunirse con Guterres, a quien solicitó modificaciones al mandato de la CICIG (organismo respaldado por la ONU) y planteó quejas sobre el desempeño de su responsable, el abogado colombiano Iván Velásquez.

Ese mismo día Velásquez, junto a la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, solicitó la celebración de una sesión de retirada de la inmunidad (antejuicio) en contra del mandatario por financiación electoral ilícita en 2015.

Dos días después el presidente de Guatemala decretó “persona non grata” al comisionado Velásquez, algo que el Constitucional rechazó al considerar “ilegal” la declaración presidencial.

El Constitucional guatemalteco actuó así en respuesta a un recurso de amparo presentado por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.

La CIJ exhorta en su comunicado al Gobierno a velar para que el personal de la CICIG no sea objeto de abusos, amenazas, represalias o intimidaciones por el desempeño de su trabajo.