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La CNDH alerta de que la situación de inseguridad en Michoacán no se ha solucionado

La CNDH alerta de que situación de inseguridad en Michoacán no se ha solucionado

EFE

México —

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Pese al interés del Gobierno mexicano de mostrar que en Michoacán ya pasó lo peor, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció este jueves que los avances para pacificar este estado son insuficientes, ya que en muchas zonas la seguridad sigue dependiendo de los grupos de autodefensa.

“Si bien ha habido avances en ese sentido, todavía es insuficiente” pues sigue habiendo grupos de autodefensa y “no puede sustituirse la responsabilidad de las autoridades en función de grupos de particulares”, apuntó el defensor del pueblo mexicano, Raúl González.

El Estado mexicano “no puede renunciar a lo que es su atribución constitucional para garantizar a los ciudadanos condiciones de convivencia pacífica”, agregó en la presentación un informe sobre las autodefensas en Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto.

El documento fue elaborado a partir de visitas a 77 municipios de este estado ubicado en el oeste mexicano, la mayoría durante el 2014, durante las cuales detectaron la existencia de grupos de autodefensa en 33 de ellos.

Estos grupos surgieron en febrero de 2013 ante el recrudecimiento de la violencia en los últimos años en Michoacán por las acciones del cártel de Los Caballeros Templarios y pronto comenzaron a expandirse por todo el estado.

Ello llevó al Gobierno federal a intervenir en Michoacán a principios de 2014 para recuperar el control del territorio y poner fin al vacío de autoridad. Unos meses después legalizó los grupos de autodefensa bajo la figura de agentes de la Fuerza Rural.

El informe presentado este jueves está dirigido a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al Gobierno y Congreso del estado, a los ayuntamientos y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

La CNDH explicó que en el trabajo de campo se advirtieron violaciones a los derechos humanos de la población, a la seguridad y la paz pública, a la vida, a la libertad, al trato digno, a la libertad sexual, a la propiedad y al acceso a la justicia, así como a derechos sociales como la educación.

“Este organismo nacional observa que, si bien el Gobierno federal en coordinación con el estatal ha asumido diversas acciones para la recuperación del Estado de Derecho y de la promoción del desarrollo, las causas que dieron origen al presente conflicto deben atenderse con mayor intensidad”, apunta el documento.

Estos orígenes, agrega, son la falta de oportunidades y desarrollo, en particular en las zonas rurales de la entidad; la ausencia de métodos de control y supervisión de las autoridades municipales y estatales por parte de las autoridades competentes, así como una reestructuración del aparato judicial.

Además de hacer un análisis de la evolución de las autodefensas y del conflicto existente en Michoacán, la CNDH hace una serie de recomendaciones, 55 en total, dirigidas a los órganos antes mencionados.

Así, a la PGR le recomienda realizar un diagnóstico de la procuración de justicia federal en la entidad e implementar un programa especial para investigar denuncias de quienes fueron víctimas de Los Caballeros Templarios y de las autoridades corruptas.

Además, sugiere iniciar las investigaciones necesarias en coordinación con el gobierno del estado para determinar el financiamiento de los grupos de autodefensa, el origen de las armas de fuego de uso exclusivo del Ejército que utilizaron y la vinculación de sus miembros con grupos de delincuencia organizada.

Aunque en un principio se percibía que el objetivo de las organizaciones de autodefensa era proteger a la población, “con el paso del tiempo esta causa se transformó” y, según recogieron en varios testimonios, “algunos de esos grupos permitían el ingreso de miembros de la delincuencia organizada”.

El mayor número de recomendaciones son para el Gobierno de Michoacán, al que piden un diagnóstico del estado que guarda la Unidad de Fuerzas Rurales de la Secretaría de Seguridad Pública.

Asimismo, la creación de una unidad especial para investigar las desapariciones de personas reportadas, que incluya un programa de ubicación de fosas clandestinas y exhumaciones.

La CNDH recomendó a la CEAV elaborar un plan integral de reparación del daño junto con las víctimas, a fin de evitar su revictimización.

La CEAV, la primera institución en responder, dijo en un comunicado que “acepta y hace suyas las propuestas del informe” y designó al comisionado Adrián Franco Zevada para dar “seguimiento puntual” al cumplimiento de las mismas.

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