CSIF aplaude que Hacienda abra un canal de apoyo a los funcionarios catalanes ante posibles ilegalidades

El sindicato de funcionarios CSIF ha mostrado su respaldo al canal de comunicación con los empleados públicos catalanes que este lunes ha abierto el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para que los funcionarios puedan consultar y denunciar actuaciones que puedan ser irregulares.

La Central recuerda que la semana pasada lanzó un protocolo de actuación que pretende “blindar” a los funcionarios catalanes y protegerles ante órdenes de dudosa legalidad que pudieran producirse en el marco del proceso soberanista. Además, ha puesto en marcha un seguro gratuito para sus afiliados, para cubrir a funcionarios que, como consecuencia de su actuación, sean suspendidos de empleo y sueldo.

Este lunes, el ministerio ha colgado en su web la información para los empleados públicos catalanes. A través del portal de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas pueden acceder a un correo electrónico en el que no tienen por qué inscribir sus datos personales y que les permite realizar una consulta y denunciar la situación.

El sistema permite enviar un correo y hacer un seguimiento de la consulta, pero también realizarla a través de un portal con firma digital. Además, quien lo desee puede presentar un escrito en papel en los registros de la Delegación del Gobierno en Cataluña y en las subdelegaciones provinciales.

LOS CANALES DE CSIF

CSIF ha preparado una guía con instrucciones sencillas y modelos de reclamación para los empleados públicos catalanes. En primer lugar, y ante una orden que les resulte de dudosa legalidad, la central recomienda que la pidan por escrito y pone a su disposición un modelo de solicitud dirigido al jefe de departamento.

“Considerando el trabajo encomendado contrario a la Constitución”, dice el formulario, el funcionario solicita que se comunique la orden por escrito, “salvando así la responsabilidad del que suscribe”, se añade.

El sindicato recuerda que pone sus servicios jurídicos a disposición de los trabajadores catalanes y que tiene una línea de consulta para atender sus dudas. Para los casos más extremos, ante ilegalidades manifiestas, CSIF recuerda que los empleados públicos tienen el derecho “e incluso la obligación” de no acatar esa orden y denunciarla.

Para estos casos, el sindicato ha preparado un formulario de denuncia ante la Fiscalía, para que “se depuren las responsabilidades penales” por una orden que se considera ilegal y para que se salvaguarde la situación del funcionario denunciante.

“Siendo un deber de conducta de este empleado y obligación legal el acatar las órdenes recibidas, NO debe de entenderse la negativa formulada a la realización de la misma como una actuación injustificada e inmotivada, dado que concurre causa legal que ampara su falta de acatamiento, entre ellas el propio interés público”, se dice en el escrito que se podría presentar ante Fiscalía.