La CUP acusa al Estado de “perseguir el referéndum” tras la nueva citación del TSJC

El diputado de la CUP en el Parlament Albert Botran ha acusado este martes al Estado de “perseguir el referéndum” después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya citado a declarar como investigada a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa de JxSí y SíQueEsPot por haber permitido votar resoluciones soberanistas en la Cámara catalana.

“La justicia va a por ellos, pero es una responsabilidad compartida de todos los diputados que elaboramos y votamos estas resoluciones”, ha destacado en rueda de prensa, donde ha querido hacer una especial mención al caso del diputado de SíQuEsPot, Joan Josep Nuet, después de que el TSJC le haya incluido finalmente en la causa.

Para Botran, la inclusión de Nuet demuestra “que la vía pactada con el Estado no es posible, y que será solo la unilateralidad” la que permitirá celebrar un referéndum, y ha emplazado a la confluencia de izquierdas a mantener la unidad del bloque partidario del referéndum cuando se evidencie que sólo se puede llevar a cabo de forma unilateral.

“Apelamos a la responsabilidad directa de SíQueEsPot a la hora de mostrarse unidos alrededor del referéndum sin adjetivos”, ha pedido el diputado de la CUP, que ha coincidido con la confluencia de izquierdas en la necesidad de reclamar al Govern que concrete cómo y cuándo tiene previsto organizarlo.

Sobre las críticas de la oposición a la reforma del reglamento del Parlament que se abordará en el pleno de esta semana, Botran ha asegurado que “lo que rompe las reglas del juego es la obsesión del Estado de perseguir el referéndum o cualquier vía que se intenta inhabilitar para celebrarlo”.

CONSELL DE GARANTIES

El diputado cupaire Benet Salellas también ha explicado que presentarán una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la proposición de ley de SíQueEsPot de modificación del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) para pedir que, mientras no se apruebe en un referéndum un nuevo 'status' político, no emita ningún dictamen más hasta tener “una norma legitimada” por los catalanes.

Según Salellas, no tiene sentido que se pidan dictámenes al CGE cuando tiene como referente un texto como el Estatut, “que no ha votado nadie y que fue recortado por el Tribunal Constitucional”.

“En un momento de recuperación de soberanías, de proceso constituyente, no podemos someterlo a las decisiones de un CGE que mide nuestras leyes en base a un texto que no tienen ninguna legitimación democrática”, ha sostenido.