Cae una red de destilerías ilegales en Galicia y Portugal

La Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Nacional Republicana de Portugal, ha desmantelado una red que elaboraba y distribuía aguardientes sin control sanitario ni fiscal en una operación que en España se ha saldado con seis detenidos, todos en Galicia, de un total de quince.

De estos, uno ya ha sido enviado a prisión por los delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas, tras pasar hoy a disposición del Juzgado de Instrucción 1 de Vigo, informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

La Policía detalla en un comunicado que la organización estaba compuesta por ciudadanos españoles y portugueses que se dedicaban al transporte de bebidas alcohólicas y desviaban el licor de una destilería de Coimbra (Portugal) para venderlo en Galicia.

En total han sido incautados 65.000 litros de alcohol etílico -45.000 en Galicia- con el que supuestamente elaboraban el aguardiente, luego de mezclarlo con otras sustancias de uso industrial para darles consistencia y densidad, según han informado a Efe fuentes de la investigación.

Las fuerzas de seguridad también se han incautado de 19 armas de fuego -doce pistolas, cuatro fusiles CETME y tres escopetas- una granada de mortero, dos pistolas detonadoras y una eléctrica; 350.000 euros en efectivo y 21 vehículos.

En total se han practicado 41 registros domiciliarios, de los cuales 11 han sido en España y 30 en Portugal.

La investigación conjunta de la Policía Nacional y de la Unidad de Acción Fiscal de la Guardia Republicana de Portugal permitió comprobar que un grupo de españoles y lusos afincados principalmente en las provincias de Ourense y Pontevedra y en la ciudad de Coimbra se dedicaban al contrabando de bebidas alcohólicas.

Según los investigadores, la red se encargaba de transportar el cargamento de alcohol procedente de una destilería de Coimbra con destino a Vigo, Ourense y Pontevedra, desde donde posteriormente lo distribuía sin etiquetar o con un etiquetado con apariencia legal, para así evitar cualquier control sanitario o fiscal por parte de las autoridades.

Se calcula que el fraude fiscal a la Hacienda en Portugal es de unos tres millones de euros.