La Cámara convalida con la abstención del PP el decreto contra los desahucios

El Parlamento andaluz ha convalidado hoy, con los votos del PSOE e IU y la abstención del PP, el decreto sobre la función social de la vivienda, que establece la posibilidad de expropiaciones temporales para las casas de las familias afectadas por desahucios.

El decreto se tramitará ahora como proyecto de ley, lo que posibilitará la presentación y, en su caso, incorporación de enmiendas, como ha recordado durante el debate parlamentario la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), quien ha animado a los grupos políticos a realizar aportaciones con el objetivo de “mejorarlo, no rebajarlo”.

“Salimos en defensa del derecho a la vida y de la salud física y psíquica de las personas que lo están perdiendo todo”, ha apuntado la consejera, que ha advertido de que este decreto es “sólo un primer paso, un punto y seguido de las políticas del Gobierno andaluz para defender el derecho a la vivienda”.

Cortés se ha congratulado de que el Gobierno central no haya presentado finalmente un recurso contra el decreto, lo que ha achacado a que era “sencillamente, imposible” porque no hay base jurídica para ello.

La consejera ha descrito la existencia de dos modelos “completamente diferentes” en la forma de afrontar la crisis desde las administraciones, al considerar que el Gobierno central actúa “de espaldas a la calle y considerando la vivienda un activo financiero”, mientras que la Junta “escucha a la sociedad civil organizada y considera la vivienda un derecho humano”.

En su intervención, ha repasado los aspectos fundamentales del decreto-ley, desde las sanciones a los bancos e inmobiliarias que tengan viviendas deshabitadas, a los incentivos a personas físicas.

“Si en términos puramente financieros son los ciudadanos los que mayoritariamente están en deuda con los bancos, en términos morales los bancos son los deudores con la sociedad”, ha sentenciado Cortés, que ha defendido la expropiación temporal que establece el decreto para las viviendas embargadas por las entidades financieras a personas en riesgo acreditado de exclusión social.

Cortés ha detallado que el departamento que preside está elaborando la orden que aprueba el plan extraordinario de inspección, que permitirá detectar las viviendas vacías, así como la orden de medidas de fomento del alquiler para personas físicas y el reglamento regulador del registro de viviendas vacías.

También se están recogiendo solicitudes de familias, a través de las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, para proceder a la expropiación temporal del uso de sus viviendas.

La portavoz del PP, Alicia Martínez, ha dicho que casi un mes después de la publicación en el Boletín Oficial andaluz (BOJA) del decreto puede afirmarse que “no hay ninguna medida real que pueda ponerse ya y ahora en marcha”.

Ha comparado este decreto con las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno de la nación, que han beneficiado a mil familias entre la dación en pago y la renegociación de la deuda hipotecaria, y ha lamentado que la Junta no “ofrezca nada” de sus propias competencias autonómicas para los afectados por las hipotecas.

“Al Gobierno andaluz nunca le ha preocupado la función social de la vivienda”, ha asegurado Martínez, que ha acusado a la consejera de “mentir” sobre las viviendas vacías del parque público de la Junta, aseveración que ha ilustrado con imágenes de distintos edificios de viviendas públicas aún no entregados.

Ha agregado que está “orgullosa” de que el PP haya sido el primero en promover medidas para solucionar este problema, con un gobierno que ha impulsado la reforma de la Ley Hipotecaria, y ha concluido que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho de este debate “una prioridad en la agenda política nacional”.

El portavoz del PSOE, Enrique Benítez, ha ironizado sobre las reacciones “contradictorias” del PP ante la aprobación del decreto por la Junta, lo que ha achacado a que le cogió “por sorpresa”, y ha asegurado que la normativa andaluza ha sido seguida “con entusiasmo en toda España” y ha puesto a Andalucía “a la cabeza de la producción legislativa con carácter social”.

“Gracias a eso los ciudadanos andaluces disfrutan hoy de más ventajas frente a los desahucios, ojalá demuestren que están de parte de los ciudadanos y no, una vez más, de parte del poder”, ha dicho dirigiéndose a los escaños del PP.

Por su parte, la diputada de IU Inmaculada Nieto ha dicho que este decreto pretende regular la función social de la vivienda, pero también la “función social de la política”, aunque “todo lo que no le gusta a la derecha sea calificado como demagogia”.