Canalda asegura que siempre ha actuado “conforme al ordenamiento jurídico”

El hasta ahora presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, ha asegurado hoy tras renunciar a su cargo por su imputación en el caso Lezo que siempre ha actuado “conforme al ordenamiento jurídico”, pero ha optado por dimitir para “no perjudicar” a este órgano de control.

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea citó ayer a declarar en calidad de investigados en el caso Lezo a una veintena de personas para aclarar las presuntas irregularidades en la compra en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.

Entre ellas figuran dos exconsejeros del expresidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón (Juan Bravo y Pedro Calvo) y el hasta ahora presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad, Arturo Canalda, que fue director gerente del Canal.

En el escrito de renuncia presentado este jueves a las 9.05 horas en el registro de la Asamblea de Madrid, al que ha tenido acceso Efe, Canalda ha subrayado su “pleno convencimiento” de que ha actuado “siempre conforme al ordenamiento jurídico”.

“A lo largo de más de 20 años dedicado a la vida pública siempre he actuado con total honestidad y siempre he adoptado las decisiones basándome en informes que las avalaban”, ha añadido.

Pese a ello, ha optado por dimitir “de forma irrevocable” como presidente y consejero de la Cámara de Cuentas.

“Soy consciente de que mi permanencia al frente de la Cámara de Cuentas en estas condiciones puede suponer un importante perjuicio para la institución que he tenido el honor de presidir a lo largo de los últimos 6 años”, ha explicado.

Canalda ha aclarado que la Cámara de Cuentas es un órgano de control dependiente del Parlamento regional y no de la Comunidad de Madrid, por lo que ha dicho que en su caso no es de aplicación el código ético de los altos cargos del Gobierno regional que les obliga a dimitir si son investigados por corrupción.

Asimismo, ha aclarado que tampoco está afiliado al PP, por lo que queda igualmente “fuera del ámbito de aplicación del código ético de dicho partido”.

Por otro lado, ha recordado que la Ley de 1999 de la Cámara de Cuentas de la Comunidad establece en el artículo 35 como causa de la pérdida de la condición de consejero “haber sido declarado, en virtud de sentencia judicial firme, responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso”.

“Circunstancias éstas que tampoco se dan en mi caso”, ha apuntado.

Con todo, ha recalcado su determinación de renunciar a su cargo de presidente y consejero “con el único y exclusivo fin de no perjudicar a la institución pública” que preside.