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Cañete afirma que Gibraltar no tiene “ni soberanía ni soberanismo” sobre las aguas

La Mesa de Gibraltar pide mas "flexibilidad" en los controles

EFE

Madrid —

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El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha declarado hoy que Gibraltar no tiene “ni soberanía ni soberanismo” sobre las aguas que rodean el Peñón.

Así lo ha reafirmado Cañete al ser preguntado por los medios sobre la decisión del Reino Unido de convocar al embajador de España en Londres por la presencia del buque oceanográfico español Ramón Margalef en las aguas que rodean Gibraltar.

Al término de la inauguración del X Congreso de Periodismo Ambiental, el ministro ha señalado que el Margalef es un buque que está trabajando para ver los problemas de la calidad de las aguas, los vertidos y los rellenos en una zona de especial conservación, declarada así por la Unión Europea.

Por lo tanto, ha añadido, “no se puede entender que un estado miembro obstaculice unos trabajos que se hacen para comprobar la calidad de las aguas en esa zona”.

Máxime cuando ha habido denuncias por delitos medioambientales que están tramitando los juzgados y en el que la Fiscalía requiere el mejor conocimiento científico de cual es el grado de afección de los recursos naturales por razón de los vertidos.

Trabajos y vertidos que ha considerado son en aguas españolas al ser preguntado concretamente por ello.

En aguas españolas, ha respondido, porque Gibraltar “no tiene soberanía” sobre ningunas aguas desde el Tratado de Utrecht, “ni soberanía, ni soberanismo, ni sobre la aguas que rodean a Gibraltar.

En un comunicado del Foreign Office se calificaba ayer de “incursión provocadora” la presencia en aguas que rodean al Peñón del buque oceanográfico Ramón Margalef y pedía a España que tomara medidas para que no se repitiera.

El buque estaba haciendo prospecciones y recabando pruebas en la Bahía de Algeciras, siguiendo instrucciones de la Fiscalía, para aportar datos que permitan a la Comisión Europea dilucidar si los 70 bloques de hormigón depositados por Reino Unido en el fondo de la bahía respetan la legislación comunitaria.

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