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El presidente de Castilla y León niega vínculos familiares con los adjudicatarios del hospital privatizado de Burgos

Juan Vicente Herrera en su comparecencia en la comisión de investigación por el sobrecoste del Hospital de Burgos

Laura Cornejo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha comparecido en la comisión de investigación que trata de aclarar el sobrecoste de más de 600 millones de euros del Hospital de Burgos (HUBU) que se construyó mediante la fórmula de la concesión a una unión temporal de empresas (UTE) en la que están, entre otras, Urbanizaciones Burgalesas (formada por Río Vena, Arranz Acinas, Aragón Izquierdo, Gonorsa, Construcciones Serrano y Grupo Asuart), Caja Burgos y Cajacírculo.

Herrera suavizó todas y cada una de las respuestas que dio a la oposición. La portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, Mercedes Martín, le preguntó si tenía relación familiar o de amistad con alguna de las empresas de la UTE. Sin decirlo abiertamente, se refería a la noticia publicada por eldiario.es hace un año, y en la que se sacaba a la luz que el hermano de Herrera, Francisco Javier, creó en 2008 una empresa en Panamá con Jesús Arranz Monje, uno de los miembros del clan familiar Arranz Acinas. La sociedad CyL & Centroamérica Consultores SA se registró con dos testaferros y cambió de nombre un año después, momento en que el hermano del presidente, la abandonó.

La respuesta de Juan Vicente Herrera, sin titubeos, fue obviar esta información. “¿Tiene usted algún dato que le permita sospechar que yo tengo vinculación con alguna de las ocho empresas que forman parte de la UTE?”, preguntó a Martín. “Si tiene la duda... Yo no tengo ningún interés, ninguna vinculación”, remató.

La batería de preguntas lanzadas por la portavoz socialista avivó una comparecencia que, a lo largo de algo más de tres horas, fue tranquila. Además de las vinculaciones familiares de Herrera, Martín preguntó si en la fórmula de la concesión del hospital tuvo algo que ver “la doctrina de Génova, basada en la experiencia de Esperanza Aguirre y Francisco Camps”, si mantuvo reuniones previas con la UTE, si valoró los sobrecostes de un modelo que ya había fracasado en otras comunidades autónomas o si en 2006 no pudo conocer que algunas de esas empresas de la UTE formaban parte del caso Gürtel.

Herrera, sin variar el tono, pero sí el discurso, respondió con una pregunta a la socialista. “A la vista del desarrollo de la sesión ¿no se ha planteado modificar ese conjunto de preguntas?”, cuestionó a la vez que recriminó que las preguntas tuviesen como “novedad” que alguna estaba “muy personalizada” aunque él ya había contestado al resto. “Esto no es Génova, no me ha dado ningún tipo de instrucción. Si hay algún tipo de vinculación con la operación Púnica o Gürtel, pues mire, nadie es perfecto”, y aseguró que la adjudicación fue “absolutamente correcta”.

Martín también preguntó a Herrera si no considera “escandaloso” que un contrato con vigencia hasta 2036 y con un coste total de 1.010 millones de euros en 2016 esté ya en 1.667 millones y reclamó mayores aclaraciones sobre los modificados, una cuestión que plantearon con anterioridad Ciudadanos y Podemos y que para ella no estaban suficientemente aclarados. “El aumento de camas no justifica que se aumenten miles y miles de metros cuadrados, a ustedes les gusta lo napoleónico pero aquí hay muchas intrigas”, reprochó la socialista.

“Usted planteó la concesión como un método más barato, más eficaz y más rápido, y ha resultado ser todo lo contrario, afirmó Martín antes de recordar que no se cumplieron ni los presupuestos ni los plazos, (en el mes 42 tan sólo se había realizado el 56% de la inversión) y todo ello sin que la Junta aplicase sanción. ”Han blindado los intereses de la empresa privada y es la concesionaria la que penaliza a la junta exigiendo un lucro cesante“, aseveró.

Herrera repitió a todos los grupos que se había actuado siempre pensando “en el interés general”. Además incidió en que el Tribunal de Cuentas y el Consejo Consultivo vieron justificados los modificados. “Sólo hay que consultar el Instituto Nacional de Estadística para comprobar que Burgos creció en 30.000 habitantes entre los años 2000 y 2009”, aclaró.

La portavoz de Podemos, Laura Domínguez también se refirió a estos modificados constantes y quiso que Herrera explicara si estaban justificados el tercer y cuarto modificado para dotar de servicios al centro, como la Unidad del Sueño o el helipuerto, que figuraban en el proyecto inicial. Domínguez también reclamó unas explicaciones, que no se dieron, sobre la falta de sanciones por los retrasos continuos.

El procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, criticó que la Junta pidiera un préstamo al Banco Central Europeo para financiar el proyecto del HUBU y se refirió a los problemas financieros de la concesionaria. “No tiene sentido que la Junta acabe financiando a quien se tenía que encargar de esa financiación”, argumentó.

El portavoz del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, también se refirió al retraso de las obras que habría supuesto una sanción por el incumplimiento del plazo e incluso la rescisión del contrato, que era una de las ventajas del modelo de concesión público privado. Sarrión recordó que no sólo no ocurrió esto, sino que la Consejería de Sanidad aprobó un modificado del contrato que “oportunamente salvó a la empresa”.

Pero Herrera no admitió ni un sólo reproche y se basó en la crisis económica y en la falta de “una bolita para saber lo que iba a pasar en 2008”. Es más, aseguró que sin la fórmula de concesión pública-privada Burgos seguiría hoy sin hospital. El presidente realizó un repaso desde que el 2003 se licitó la redacción del proyecto del HUBU, hasta que se entregó en 2011. Aseguró que el primer modificado que se produjo en 2007, justificado por la cimentación del terreno y el replanteo de los edificios, no tuvo consecuencias económicas. Tres años después se produjo otro modificado por el aumento de población y la designación del HUBU como centro de referencia, la conversión en hospital universitario y los avances técnicos que hacían necesarias compras de equipamientos nuevos. Se pasó de 135.000 metros cuadrados a 181.000, a 66 camas más, 116 locales de consultas, 12 puestos más de urgencias y 32 plaza más en el hospital de día ente otros. Así se acordó aumentar el presupuesto en 133 millones de euros más.

En 2010 y 2011 llegó un nuevo modificado que Herrera basó también en los avances tecnológicos que se produjeron desde que se adjudicó el proyecto. El coste adicional fue de 152,47 millones. Pero es que además hubo que asumir un reequilibrio financiero fruto del impacto de los anteriores modificados que supuso el aumento del presupuesto en otros 179 millones. Aún así, para Herrera no hay sobrecostes, sino mejoras y “mayor inversión”.

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