Castilla y León no admitirá una reforma con coste adicional sin garantía financiera

Castilla y León no admitirá una reforma de la administración local basada en el traspaso a los municipios de competencias básicas cuyo coste añadido no tenga una suficiencia financiera que, en cualquier caso, apostará para que esté vinculada al nuevo modelo de financiación autonómica.

“Vamos a pujar hasta el final para que el coste estimado de los servicios que se transfieran, entre 300 y 330 millones de euros, vaya acompañado de una financiación adicional, y seguiremos trabajando para que ese proceso se haga a la vez que el nuevo modelo de financiación autonómica”, ha manifestado esta tarde el presiente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

Ha sido durante un pleno las Cortes regionales, en respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Socialista, Óscar López, quien ha anunciado que si la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, impulsada desde el Gobierno central, “sigue como está y no cambia de arriba hacia abajo, pediremos que Castilla y León la denuncie ante el Tribunal Constitucional”.

Herrera no sólo ha certificado su firmeza frente al coste económico que supondrá la ley para la comunidad autónoma, sino que también luchará para que la norma defina instrumentos con el objetivo de que, cualquiera que sea el titular de los servicios, “la función de proximidad la realicen las entidades locales”.

“No nos asusta la llegada de nuevas funciones en materias que ya conocemos como la sanidad, la educación y los servicios sociales, ni tampoco su coste adicional, pero si no llegan con suficiencia financiera, no los admitiremos”, ha comprometido.

No obstante, Herrera ha pedido a Óscar López respeto institucional y sentido de responsabilidad, a quien ha recordado que fue un gobierno socialista el que impulsó el actual modelo de financiación autonómica, “un traje que le quedaba muy justo a Castilla y León y que ya se le quedó pequeño al día siguiente”.

El presidente ha insinuado la contradicción que supone pedir ahora, por parte del PSOE, una garantía económica en los traspasos de servicios cuando “durante ocho años ustedes olvidaron ese capítulo que ahora quieren redefinir”.

“No admito lecciones de nadie y mucho menos por parte de quien ahora habla de financiación cuando su partido puso en marcha un sistema de dependencia sin memoria económica”, ha manifestado.

La aportación de Castilla y León al proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local “no ha sido baldía”, ha recordado Herrera, puesto que ha logrado “algunas cosas como cambiar el coste estándar de los servicios por el coste objetivo”.

Otras de esas aportaciones desde la comunidad autónoma ha consistido en la mejora de la regularización del sistema contable de las entidades menores (anejos y juntas vecinales), de modo que no tengan que soportar las consecuencias de los desajustes en la gestión económica por parte de los municipios de cabecera.

Óscar López ha calificado este proyecto de ley como una “contrarreforma” más por parte del Gobierno central, que preside Mariano Rajoy (PP), en este caso “un atentado” contra la autonomía local, “desleal con las comunidades autónomas” y que, a su juicio, conducirá a la privatización de servicios públicos.

“El Gobierno de Mariano Rajoy le está saliendo muy caro a Castilla y León”, ha afirmado.

López ha expresado su convencimiento de que ese coste adicional (300-330 millones) no va a tener cobertura financiera, lo cual supondrá la “desaparición de servicios” que los municipios no van a poder prestar.