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El choque más allá de la ley entre el juez Castro y Miquel Roca

Miquel Roca (d) y Jesús Silva (i), abogados de la infanta Cristina

EFE

Barcelona —

El juez José Castro, instructor del caso Nóos, es un veterano jurista curtido en mil procesos que no se ha dejado amedrentar por las argumentaciones de otro experto y prestigioso jurista, Miquel Roca Junyent, defensor de la infanta Cristina, con el que se han cruzado reproches que van más allá de la mera legislación procesal.

Roca versus Castro. El viejo zorro político y representante de uno de los bufetes más importantes de España contra un juez de provincias, llano y correoso.

Pieza clave de la Transición y padre de la Constitución, Miquel Roca Junyent es un representante histórico del catalanismo que, tras dejar la primera línea política, regresó a la abogacía para, como otrora hiciese Francesc Cambó, acabar defendiendo a la monarquía española.

En la política española, Roca es sinónimo de consenso, representa como pocos ese espíritu de la Transición que muchos invocan en estos momentos de crisis y en los círculos políticos madrileños hay quien piensa que el manido “seny”, es en realidad el segundo apellido de Miquel Roca, que ha asumido el caso de la infanta con la vehemencia que demostró en muchas ocasiones en el atril del Congreso.

Enfrente tiene al campechano pero a la vez implacable José Castro, juez de moda a su pesar, cree que es su obligación imputar a la infanta porque haría lo mismo en similares circunstancias con cualquier otra ciudadana, ya que para este cordobés de 68 años, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, ninguna consideración extrajudicial está por encima de su deber.

A pesar del riesgo de que cualquier desliz verbal le acarrease problemas, desde que está en el ojo del huracán no ha dejado de atender a los periodistas que se han dirigido a él y ha asumido con paciencia el interés de los medios, aunque nunca ha dado una entrevista.

El rechazo al recurso de la infanta

Castro hizo público este viernes un auto en el que rechazó el recurso de apelación interpuesto por Roca contra la apertura de juicio oral del caso Nóos dictada por el juez, que obliga a la hermana del Rey a sentarse en el banquillo por dos presuntos delitos fiscales.

El magistrado aprovechó el auto para replicar algunas de las acusaciones que le había vertido Roca en el recurso, como el de haber cometido “excesos” inoportunos y caprichosos y el de que podría haber incurrido en “fraude de ley” por incluir en el auto de apertura de juicio oral, que no es recurrible, decisiones que sí lo deberían ser.

La defensa de la infanta, representada por Roca y Jesús Silva, ha acusado al juez instructor de dejar a la infanta en una situación “insólita”, por no aplicarle la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la denominada doctrina Botín, que la salvaría de ir a juicio porque no le acusa la Fiscalía ni la Abogacía del Estado.

Castro no sólo negó los “excesos” que le atribuyó Roca, sino que le espetó en el auto: “Se desconoce de qué exceso resolutivo, inoportuno y caprichoso estaríamos hablando”.

El juez acusó en su auto a Roca de mentir por decir que habían solicitado una resolución judicial previa e independiente al auto de apertura de juicio oral y criticó que los abogados de la infanta repitan “para ver si acaba convirtiéndose en verdad” que habían solicitado un pronunciamiento previo sobre esa cuestión, algo que “no es cierto”.

Según el juez, Roca ha difundido “incansablemente” ante los periodistas que a la infanta se le debe aplicar la doctrina Botín, pero “deberá responder a su mundo onírico el que haya planteado explícitamente” al instructor que se pronuncie al respecto.

“La técnica es tan antigua como el ser humano. Se lanza una afirmación que no responde a la verdad con la esperanza de que habrá alguien que la asuma sin comprobarla”, critica Castro.

Los abogados, que también acusaron al juez instructor de imponer a la infanta “la perniciosa pena de banquillo”, han visto como Castro también les ha replicado que su cometido no es imponer la llamada “pena de banquillo”, pero tampoco evitarla.

En otro argumento extraprocesal, los abogados apelaron a la aflicción que creaba en la acusada y Castro les ha respondido que la posible aflicción causada a la infanta puede deberse “a la ejemplaridad que le es exigible”.

Castro también niega haber “aprovechado” el auto de apertura de juicio oral para fijar una fianza pecuniaria a la infanta (de 2,7 millones de euros), como aseguraron los defensores de la hermana del Rey en su recurso.

“Decir que este proveyente se ha aprovechado de algo no suena bien pues con ello pudiera dar pie a entender que, teniendo otras opciones, ha elegido aquélla de la que obtener un beneficio o causar un perjuicio”, algo que Castro dice que “no responde a la verdad”.

El magistrado también rechaza la alusión de Roca de que el juez maneja fuentes periodísticas en el auto de apertura de juicio oral y dice que “no por cansina se tornará verdad”.

Por su parte, Miquel Roca y Jesús Silva han desistido de formular un recurso de queja contra el auto del juez para que no se interprete que quieren dilatar la causa, pero no se han ahorrado algunas 'perlas' dirigidas al juez como que confían “en otro escenario judicial” para que se aplique la ley a la infanta.

Silva incluso ha echado en cara a Castro que “se ha alineado con Manos Limpias”, el sindicato de ultraderecha que ejerce acusación.

Roca insiste: “para el juez es relevante la posición de Manos Limpias, en contra de lo que opine el Tribunal Supremo” respecto a la doctrina Botín.

Esta situación es “insólita” en la historia procesal de España, reitera el abogado y expolítico, y supone “el primer caso en el que se acusará a alguien de un supuesto delito fiscal en contra de la opinión del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado”. Roca versus Castro.

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