Catalá subraya que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana busca que no haya “zona de sombra” en la actuación en valla

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha subrayado que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana busca, entre otras cuestiones, dejar clara cuál debe ser la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las vallas de Ceuta y Melilla para “evitar que haya alguna zona de sombra que pueda generarles incluso alguno tipo de proceso judicial”.

A pregunta de los periodistas durante una visita a Melilla, el titular de Justicia se ha referido así a los procesos que se siguen en la actualidad contra agentes de la Guardia Civil por sus actuaciones en las vallas de Ceuta y Melilla, “exigiendo unas responsabilidades para quien estoy convencido que no hace otra cosa que trabajar por el interés de todos y de los ciudadanos” ha resaltado.

Rafael Catalá ha dicho que una de las obligaciones que tienen desde el Gobierno y el poder legislativo “es facilitar herramientas para que los que defienden la sociedad, nuestro sistema de libertad, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puedan hacer su trabajo, con la calidad y las garantías y la seguridad jurídica que ellos quieren tener”.

En este sentido ha asegurado que la Ley de Seguridad Ciudadana viene a aclarar “qué significa devolución, qué significaba rechazo en fronter, al fin de cuentas estamos hablando de entradas en un territorio soberano y por tanto eso está sometido a normas, como pasa en todo el mundo”.

“SALTAR LA VALLA ES ILEGAL”

El ministro ha dejado claro que “saltar la valla es ilegal”, como viene ocurriendo en las ciudades españolas del Norte de África por grupos numerosos de subsaharianos, y por ello ha recalcado que debe clarificarse qué función deben tener policías y guardias civiles cuando se producen este tipo de avalanchas.

Así ha admitido que “tenemos una singularidad en nuestra frontera sur de Europa y por tanto es muy importante tener claros los procedimientos y las reglas para que los conozcan todos: los ciudadanos que quieren acceder con normalidad y dentro de la legalidad al territorio nacional, y las fuerzas de seguridad, que están para velar por el Estado de Derecho y los derechos todos: de los nacionales y de las personas que quieran acceder a España”.

Catalá ha subrayado que “nuestra obligación es que haya normas claras, transparentes y conocidas por todos, porque seguramente uno de los peores servicios que podamos hacer al funcionamiento de nuestro Estado de Derecho, es que los que trabajan por defender las libertades de todos, los miembros de las FyCSE, haya alguna zona de sombra que pueda generarles incluso alguno tipo de proceso judicial”. “Exigiendo unas responsabilidades -ha añadido el ministro- para quien estoy convencido que no hace otra cosa que trabajar por el interés de todos y de los ciudadanos”.

CONTROLES NECESARIOS

Por otro lado, Rafael Catalá ha indicado que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana pretender garantizar los derechos de los ciudadanos. “En España tenemos un sistema de libertad y de derechos garantizado, un sistema que establece todos los requisitos para el derecho a la manifestación, el derecho a la expresión por supuesto y la libre circulación, pero todo ello sometido a controles”.

De este modo, el ministro ha declarado que “en una sociedad compleja como es la del Siglo XXI, debe haber normas que regulen el ejercicio de los derechos y por lo tanto la movilidad y el acceso a las fronteras, normas que intentan simplemente ordenar el ejercicio de derecho y en absoluto limitar cmo algunos han querido hacer”.

LEY DEL MENOR

En cuanto a las reformas que se pretenden emprender en la Ley del Menor y que afectarían a las singularidades de Ceuta y Melilla como ciudades fronterizas con Marruecos, Rafael Catalá ha dicho que “tanto el delegado del Gobierno en Melilla como la fiscal y el juez decano, me han informado de la problemática que hay aquí en Melilla en particular, tanto en los juzgados como en las fiscalías del menor”.

“Me llevo ideas y reflexiones sobre la conveniencia de mejorar el marco normativo que nos ayuden, en este caso a que los fiscales puedan hacer mejor su trabajo, de defensa de los derechos y en particular de los menores”, ha concluido el titular de Justicia.