Catalá cree que en la C. Valenciana se aprueban normas conflictivas por “partidismo” y “presiones nacionalistas”

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que en la Comunidad Valenciana hay “muchos ejemplos” de normas aprobadas que generan “tensiones y conflictividad”, como el decreto del modelo educativo plurilingüe, y ha recomendado a la Generalitat y a las Corts que legislen por interés general y no por “partidismo” o por “presiones nacionalistas”. “Ese fanatismo no lleva a ninguna parte”.

Catalá ha hecho estas afirmaciones durante el debate que ha mantenido en el Congreso de los Diputados con Compromís a propósito de las leyes autonómicas que el Gobierno recurre al Tribunal Constitucional (TC). El diputado alicantino Ignasi Candela ha denunciado que el Ejecutivo abusa a su juicio de su capacidad para que se suspenda una norma mientras se resuelve el recurso y ha pedido reformas.

En su respuesta, el ministro ha aprovechado para censurar cómo se está legislando en la Comunidad Valenciana. “Seguramente los valencianos se merecen más seguridad jurídica, menos improvisación y menos uso interesado de las normas, que no están para jugar a al política”, ha dicho.

Ha criticado especialmente el decreto sobre el plurilingüismo en la educación, suspendido por el TSJ valenciano, y ha asegurado que “no es un ejemplo” de que se busque el diálogo y el acuerdo aprobar normas “que generan litigiosidad”.

“Le recomiendo que para arreglar los problemas de las relaciones institucionales entre las dos comunidades piensen en el interés general y de los valencianos, no en objetivos políticos partidistas y tampoco en presiones nacionalistas”, ha añadido.

Por lo demás, el ministro ha repasado las cifras de recursos que se han interpuesto mutuamente en las últimas legislaturas el Gobierno y la Comunidad Valenciana, así como las ocasiones en que se ha evitado la litigiosidad mediante una negociación previa en comisión bilateral. En la décima legislatura, por ejemplo, de once procedimientos, en nueve hubo acuerdo y dos terminaron en recurso.

El diputado de Compromís ha denunciado sin embargo que las comunidades no tienen más remedio que intentar un acuerdo porque el Gobierno, ha dicho, “plantea un chantaje”: si no hay pacto, planteará recurso al TC, pedirá la suspensión y esta puede prolongarse muchos meses, lo que tarde el tribunal en resolver. Candela ha asegurado que en 2016, se retrasó de media 668 días en el caso de recursos de inconstitucionalidad; para los conflictos de competencia, el retraso medio fue de 1.491 días.

“¿Le parece normal, justo? ¿Esto respeta el autogobierno de las comunidades? A mí, no”, ha dicho el diputado, que ha pedido que se dote al TC de más jueces, visto lo que le cuesta resolver, y que la suspensión de una norma recurrida no sea automática porque la pida el Gobierno, sino que el Constitucional pueda aceptarla o no.