Catalá, abierto a que víctimas sean oídas antes de conceder permisos a presos

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido hoy a estudiar la posibilidad de que las víctimas del terrorismo sean escuchadas por el juez antes de que éste conceda un permiso o beneficio penitenciario a presos terroristas.

Catalá ha dado respuesta así a la petición de la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FTV), Mari Mar Blanco, que le ha expuesto esta solicitud en la primera reunión que mantienen desde la llegada del titular de Justicia a este departamento.

Mari Mar Blanco le ha pedido que el Estatuto de la Víctima, en trámite de enmiendas parciales en el Congreso, recoja esa posibilidad, toda vez que el actual texto prevé que las víctimas puedan participar “a posteriori” recurriendo ese permiso carcelario o beneficio.

El titular de Justicia ha descartado que la demanda de la FTV, que agrupa a un buen número de asociaciones de víctimas, pueda incluirse en alguna de las enmiendas que presenten los grupos parlamentarios, según ha indicado en declaraciones a los periodistas tras la reunión.

Durante el encuentro, el titular de Justicia ha explicado a Blanco los proyectos en los que trabaja su departamento para “mejorar la respuesta del Estado de Derecho ante la comisión del delito y, en particular, la lucha contra el terrorismo, siempre desde el recuerdo y el respeto a las víctimas”.

Ha citado entre otros proyectos el Estatuto de la Víctima, la reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Además, Catalá ha mostrado a Mari Mar Blanco su mejor disposición para colaborar con todos los proyectos y actividades de la Fundación, lo que ha agradecido la presidenta de la entidad.

Unos proyectos, ha resaltado Blanco, encaminados a la memoria de las víctimas y a escribir un relato basado en la verdad, la dignidad y la justicia.

El pasado 22 de octubre el ministro recibió también a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, con quien se comprometió a que la reforma del Código Penal tenga como “referente” y “marco” la normativa de 2003 que estableció el cumplimiento íntegro de las penas.

Pedraza pidió a Catalá que la figura de la prisión permanente revisable que el Gobierno tiene previsto incluir en el proyecto de ley de reforma del Código Penal no se revisara “a la baja”, es decir, que los 40 años de cumplimiento efectivo máximo establecidos actualmente no se reduzcan a 20 ó 25.