Catalá cuestiona que haya que dejar la política por una “mera imputación” y ve más razonable el término “investigado”

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que tener que abandonar la actividad política por una “mera imputación” es “anticipar” acontecimientos, porque una imputación no presupone culpabilidad, y cree que sería “más razonable” utilizar otro término como “investigado”.

En una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, Catalá ha avanzado que el Ministerio está terminando el trabajo con una comisión de lenguaje jurídico donde está incluida la Real Academia Española (RAE) para estudiar la terminología, porque ser imputado no es más que “ser llamado a juicio con asistencia de abogado y no presupone culpabilidad de nadie”.

“Investigado es más razonable que imputado, donde presuponemos cierta culpabilidad hasta el punto de que te impida seguir trabajando. Si tu actividad es la política, que tengas que abandonarla por una mera imputación yo creo que es anticipar”, ha dicho.

El ministro se ha expresado así preguntado por la posibilidad de que el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, el 'popular' Juan José Imbroda, repita candidatura pese a haber sido imputado por prevaricación, y ha replicado también relatando la batería de medidas que ha tomado el Gobierno para frenar la corrupción.

Sobre las perspectivas electorales, ha admitido que el análisis actual apunta a que Ciudadanos obtiene votos de antiguos votantes del PSOE y “una parte muy importante del PP”. Según ha dicho, la intención del PP es trabajar para que el país vaya mejor, convencido de que eso “cambiará la percepción de los ciudadanos” y su intención de voto. Además, cree que las encuestas apuntan a que el PP tiene algo de voto oculto.

Además, ante la emergencia de Podemos, ha dejado claro que no cree que España “sociológicamente sea un país de extrema izquierda”, así que, aunque entiende el descontento de parte de la población y que hay un “núcleo de extrema izquierda” le sorprendería que éste se convirtiese en “opción mayoritaria”.

Por otro lado, se ha referido a las reformas procesales en marcha para agilizar las causas por corrupción y a su intención de crear plenos donde se sienten todos los jueces y se fije un criterio que será para todas las secciones, porque “la justicia tiene que tener predictibilidad”.

Preguntado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que ocupa su juzgado en comisión de servicios, Catalá ha afirmado que cuando se cubra su plaza tendrá que volver a su juzgado, en la localidad madrileña de Móstoles, aunque no haya terminado la instrucción de todas las causas pendientes.

RUZ SABÍA QUE DEBÍA VOLVER A MÓSTOLES

“Los asuntos que lleva son de tanta complejidad que nunca los va a terminar él, algunos están cerca de su finalización y a otros les quedan muchos meses, lo natural es que cierre algunos de ellos, los más inmediatos, y los demás los asuma el nuevo juez”, ha argumentado el ministro, que ha insistido en que el propio Ruz sabía que su destino “es el juzgado que tiene asignado, que es el de Móstoles”, porque son “las reglas del juego”.

Catalá también ha defendido el pacto contra el terrorismo yihadista y ha confiado en que otros grupos parlamentarios se sumen al acuerdo de PP, PSOE, CC, UPN y Foro.

“BUENISMO” SOBRE POLÍTICA PENITENCIARIA

A su juicio, el debate de política penitenciaria peca a veces de “ideológico” y de “buenismo”, y ha puesto como ejemplo que sólo el PP y UPyD votaron a favor de la enmienda que permitirá que las víctimas de todo tipo de delitos sean escuchadas en los trámites para conceder beneficios penitenciarios de los presos.

Por último, se ha referido a la tensión en las negociaciones entre Grecia y el Eurogrupo, que exige a Atenas que acepte una prórroga del rescate. A su juicio, Grecia quiere “cambiar las reglas y seguir financiándose con dinero de los europeos pero para desarrollar políticas que deciden ellos”, como subir el salario mínimo, y que los países que les están prestando el dinero, como España, no se pueden permitir.