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Catalá dice que las imputaciones de León de la Riva e Imbroda no bastan para impedir sus candidaturas

El ministro de Justicia defiende que el alcalde de Valladolid puede concurrir aunque se sentará en el banquillo por desobediencia el próximo 27 de abril

El polémico alcalde augura que su juicio no se traducirá en una pérdida de votos en las municipales

Cuando el Supremo llamó a declarar a Chaves y Griñán, Catalá insistió en que a nadie se le imputa "si no es por un delito concreto"

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Catalá dice que no hay temas judiciales que impidan a González ser candidato

Rafael Catalá, ministro de Justicia.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que las imputaciones de Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid, y Juan José Imbroda, presidente de Melilla, no bastan para apartarlos de la carrera electoral. En la línea de su partido, que insiste en que todas las imputaciones no son iguales en gravedad, el ministro ha defendido que ambos puedan ser nombrados candidatos por el PP a pesar de sus problemas judiciales.

Su actitud contrasta con la que tuvo cuando el Supremo llamó a declarar a Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Cuando el PSOE argumentó que su imputación era una mera garantía procesal que les permitía declarar con abogado, Catalá se apresuró a declarar que a "nadie se le llama a declarar como imputado sin delito concreto". Fue su respuesta al PSOE, que insistía en que no iba a pedirles el acta porque no se les atribuía un delito de forma específica

En el caso del alcalde de Valladolid, que ha vuelto a ser propuesto por el comité provincial del PP para que el nacional lo ratifique, el delito es de desobediencia por negarse a acatar una sentencia que declara ilegal una ampliación de un edificio en el que vive. El juicio se celebrará el próximo 27 de abril y, a pesar de eso, León de la Riva pretende conseguir la mayoría absoluta para el PP por quinta vez, ya que lleva 22 como gobernante. Según Catalá, la situación solo podría cambiar si se produce "una evolución negativa en el proceso penal", según el titular de Justicia. 

El presidente de Melilla debe declarar en el Tribunal Supremo el próximo día 11 por un presunto delito de prevaricación cometida al contratar un abogado con fondos públicos. "A lo mejor se archiva. ¿Por qué no va a ir en la lista si la causa que tiene se archiva?", se ha preguntado.

"La mera imputación no debería significar la exclusión de responsabilidades públicas, porque hay imputaciones que se archivan y, por tanto, deberíamos hacer una reflexión sobre las consecuencias profesionales y personales que llevan consigo", ha precisado.

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