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Catalá quiere incluir los gastos de la justicia gratuita en los presupuestos

Catalá quiere incluir los gastos de la justicia gratuita en los presupuestos

EFE

Madrid —

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Las comunidades del PP con competencias en materia de Justicia han asegurado hoy que el ministro del ramo, Rafael Catalá, se ha comprometido a pedir a Hacienda que en los presupuestos generales de 2015 se contemplen los mayores gastos que deben asumir las autonomías por la justicia gratuita.

Al término de la Conferencia Sectorial, que ha presidido Catalá, el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en nombre de la Comunidad Valenciana, Madrid, Aragón, Cantabria y La Rioja, ha dicho que Catalá se ha comprometido a hablar con las comunidades autónomas antes de promover cualquier actuación en la Justicia gratuita.

Las comunidades del PP han transmitido al ministro la necesidad de que el Gobierno les devuelva parte del dinero que previamente han recaudado con las tasas judiciales, y Catalá se ha comprometido “a trasladar esa inquietud a Hacienda” y a pedir que se introduzca una enmienda en los PGE que “contemple esos mayores costes”.

Las autonomías populares se han mostrado satisfechas por la intención del ministro de modificar la ley de tasas, y por su “voluntad de diálogo”, al tiempo que han agradecido la rapidez de Catalá para convocar la reunión de hoy.

Rueda, en nombre de todas las Comunidades del PP con las competencias de Justicia transferidas, ha señalado que el ministro les ha informado de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ha dicho que se han mostrado de acuerdo con la medida de la prisión permanente revisable, si finalmente se introduce.

Asimismo, ha precisado que el ministro les ha confirmado que la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere a la demarcación judicial “no seguirá adelante” como ya había avanzado el anterior ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

El ministro también se ha comprometido con las comunidades a liderar, a través de las nuevas tecnologías, la coordinación entre lo juzgados de las comunidades autónomas y la administración pública, según las comunidades del PP.

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