Catalá anuncia una reforma penal con instrucción de los fiscales y supresión de trámites

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este lunes en el Congreso de los Diputados su intención de encarar, siempre mediante el consenso con otras fuerzas políticas, la reforma de los procesos penales dotando a los fiscales de un “nuevo rol” como directores de la investigación y suprimiendo trámites innecesarios.

El objetivo, según ha explicado durante su intervención ante la Comisión de Justicia, es el de articular una fase de investigación que se centre en determinar si existen indicios racionales que delito y que “una vez alcanzado ese mínimo de convicción, la celebración del juicio sea inmediata”.

Para ello, según ha anunciado, deben suprimirse o racionalizarse trámites innecesarios. “No parecen razonables algunas situaciones como las que hoy se producen, donde hay testificales que se prestan hasta en tres ocasiones, ante la policía, instrucción y juicio”.

“Por supuesto, es la policía quien debe seguir realizando las investigaciones, pero la eficacia de esa labor mejorará si se efectúa con criterios unificados bajo la dirección y el principio de unidad de actuación del Ministerio Fiscal”.

Para lograr este objetivo será necesario abordar un nuevo Estatuto Fiscal y crear una oficina fiscal donde se puede estudiar que presten sus servicios los actuales letrados de la administración de justicia -antes secretarios judiciales- y los funcionarios que hasta hoy prestan sus servicios al juez. También propone la creación de dos Fiscalías especiales, una para luchar contra el ciberdelito y otra centrada en la protección de las personas discapacitadas.

Ello se complementaría con la figura del “juez de garantías”, quien aseguraría la protección y el control jurisdicciconal en el ámbito de los derechos y libertades.

CONSENSO POLÍTICO

Esta reforma debe lograrse, según Catalá, mediante un “incremento de las horas de vuelo de consenso” y para ello ha realizado un ofrecimiento a los diferentes grupos políticos “de suma, leal y constructivo”.

Catalá considera que actualmente existe una “oportunidad histórica de cambiar las cosas” y por ello su departamento ya ha solicitado la creación de una “subcomisión” dentro de la Comisión de Justicia que se denomine “para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia” que realice su labor en un plazo de 6 meses desde su constitución.

Los trabajos de esta comisión “no deben perder el profundo sentido económico y social de las normas”, que según Catalá deben servir para crear un espacio de competencia, atracción de la invresión y creación de empleo.

Los seis ejes de la reforma deben pasar, a su juicio, por una justicia más ágil, más dotada y mejor organizada, la transformación digital, una reforma basada en los profesionales, pensada e impartida para las personas, y fuerte en su independencia para luchar contra la corrupción“.

Además, el ministro ha anunciado que ya ha iniciado conversaciones con la mayoría de las Administraciones competentes para promover un sistema de gestión procesal común que sustituirá los siete diferentes que conviven en la actualidad.

PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DESDE ENERO

También ha indicado que a partir de enero de 2017 todos los ciudadanos podrán presentar escritos de forma telemática, como ya hacen los profesionales de la Justicia desde principios de 2016 a través de LexNet.

“Han cambiado mucho las cosas, las nuevas tecnologías pueden aportar mucho a la calidad del servicio público”, ha dicho el ministro que ha puesto de manifiesto que Internet forma ya “parte de nuestras vidas” y nadie quiere volver “al fax y a la máquina de escribir”.

Catalá ha reconocido que la implementación de las nuevas tecnologías en la Justicia ha provocado problemas que considera normales de las primeras fases de puesta en marcha de un proyecto. Ha destacado, no obstante, que está seguro que, con la implicación de todos, podrá estar plenamente operativa la Justicia Digital.

Así, en la primera parte de la legislatura, el Gobierno quiere que todos los Juzgados y las Fiscalías sean digitales, al igual que el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. También pretende que, a lo largo del próximo año, los ciudadanos podrán acceder de forma digital a la información que afecte a sus procedimientos judiciales.

REGISTRO CIVIL CIEN POR CIEN PÚBLICO

Otra de las propuestas anunciadas pasa por impulsar “un modelo de Registro Civil público, gratuito, electrónico y seguro, más eficaz y operativo”. Ello ha señalado “para superar viejos debates y despejar todo tipo de dudas”, en clara alusión a los diferentes intentos de reformas que fracasaron en legislaturas anteriores.

En este sentido se ha comprometido a cumplir el mandato del Congreso para la llevanza de un Registro Civil de llevanza cien por cien pública, “confiando que su atribución a un determinado cuerpo de empleados públicos pueda surgir de las negociaciones con las organizaciones sindicales” mediante la creación de Oficias Generales de Registro Civil “singularizadas, con plantillas de funcionarios de la Administración de Justicia”.

Otras propuestas del ministro pasan, según ha explicado el ministro, por la reducción de la litigiosidad mediante el fomento de la mediación y el apoyo a la solución arbitral como mecanismos complementaros y alternativos a la acción de la justicia, reformando las leyes que las regulan actualmente.

VÍCTIMAS Y TASAS

También ha dicho el ministro que en esta legislatura “las víctimas del delito no caerán en el olvido” y seguirán ocupando el lugar central “que les corresponde por derecho”.

Por su lado, su intención es revisar el sistema de tasas judiciales para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que pasará por la “exención a otros colectivos potencialmente beneficiarios como pymes, entidades sin ánimo de lucro o comunidades de propietarios”.

Finalmente, también propone el ministro actualizar el Código Civil y aprobar un nuevo Código de Comercio “de modo que se cambien normas obsoletas, se supere la dispersión normativa, mejore la coordinación entre normas vigentes y se reduzcan las cargas ”con el fin de mejorar la eficiencia en las transacciones económicas“.