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Catalá propone limitar el aforamiento del que disfrutan 2.000 cargos políticos
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha propuesto este lunes a todos los grupos políticos en el Congreso estudiar la forma de limitar el aforamiento de los aproximadamente 2.000 cargos políticos que hoy disfrutan de esta condición. Dentro de sus medidas para luchar contra la corrupción propone también prohibir por Ley los indultos a condenados por este tipo de conductas y mejorar la protección a los denunciantes.
Durante su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Catalá ha señalado que no hay país en el mundo que, como España, “en tan poco tiempo haya hecho tanto, en términos legislativos para luchar contra la corrupción”, si bien el Gobierno no se conforma y cree que se debe seguir rebajando “para que la corrupción deje de ser un problema de percepción ciudadana”.
Para ello, propone limitar los aforamientos consensuando con los diferentes grupos “el cómo, quién y cuándo podría llevarse a efecto esa limitación”, si bien ha reconocido que ello conlleva “unas implicaciones de técnica legislativa ciertamente complejas”, por cuanto afecta a la Constitución y a los propios estatutos de autonomía de diferentes comunidades autónomas.
Por otro lado, propone articular por ley la prohibición de indultos a condenados por corrupción. Ha recordado que el derecho de gracia se aplica hoy por hoy de forma “absolutamente excepcional”, como muestra el dato de que en 2012 se concedieran un 6,6 por ciento de los indultos solicitados y este porcentaje haya disminuido hasta un 1,24 por ciento en 2015.
Además en los últimos dos años, según el ministro, “no se ha concedido ni un solo indulto a nadie que haya sido condenado por algún delito relacionado por la corrupción”, y tampoco a penados por violencia de género o por accidentes de tráfico. Lo que propone, por lo tanto es “llevar a la ley lo que de facto ya se viene haciendo en la práctica”.
REGULACIÓN DE LOS 'LOBBIES'
En tercer lugar, se ha referido a la regulación de los 'lobbies', algo que ya existe en ocho países europeos, así como una mejora del sistema de protección al denunciante de corrupción.
Todo ello con cuidado de no fomentar un sistema que rinda “culto a la delación”, por sus riesgos para los valores de convivencia y para “el círculo de derechos fundamentales” que asisten a los ciudadanos.
