Catalá mantendrá la promesa de no indultar a corruptos y reformará la Ley que regula el derecho de gracia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha prometido “mantener el compromiso” de su predecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, de no indultar a personas condenadas por delitos “asociados a la corrupción” y ha asegurado que reformará la Ley que regula el Derecho de Gracia.

Así ha respondido en el Pleno del Congreso al ser preguntado por el diputado socialista Pablo Martín Peré si modificará esta norma y si se compromete a no conceder el 'perdón' al ex presidente de la Diputación de Castellón y del PP de esta provincia, Carlos Fabra, ahora que se acercan fechas navideñas y se corre el riesgo de que “le toque el premio Gordo” tras las siete veces que ganó la Lotería.

El ministro de Justicia ha contextualizado la reforma de la Ley del Indulto en el proceso de regeneración democrática y no ha descartado que se pueda alcanzar un “acuerdo” para llevarla a cabo. “Estamos estudiando la posibilidad de llevar a cabo algún tipo de reforma que mejore el ejercicio del derecho de gracia”, ha añadido.

Tras apostar por un mayor control y transparencia, Catalá ha defendido que “ningún” Gobierno ha hecho un ejercicio “más limitado y restrictivo” que el de Mariano Rajoy, que ha concedido el 1 por ciento de las peticiones recibidas y que han contado con los informes favorables de los tribunales sentenciadores y la Fiscalía.

“En el ejercicio mesurado del derecho de gracia no se le puede poner tacha en absoluto y en ningún caso se concede un indulto a delitos asociados con la corrupción”, ha remarcado, para echar en cara a los socialistas que concedían más del 11 por ciento de las peticiones en 2007 y que suprimieron la necesidad de motivación en 1988.

El diputado del PSOE Pablo Martín Peré ha considerado que el Gobierno tiene “el mismo problema” con los indultos que con la contabilidad de su partido, que lo hace “en B” y de manera “clandestina” porque “no quiere que los ciudadanos sepan que siguen protegiendo a sus corruptos”.

En este sentido, ha citado el caso de Jaume Matas en el que un juez “ha tenido que dictar justicia” donde el Gobierno del PP “repartió inmundicia”, argumentando que el responsable de Prisiones, Ángel Yuste, “hizo el ridículo”. “Si vuelven a sacar de prisión a sus amigos, vuelven a generar desequilibrios”, ha advertido.

OFRECERÁ LOS DATOS SOBRE EL IMPACTO DE LAS TASAS

Por otra parte, Catalá ha afirmado que ofrecerá a la oposición la información que recopilen sobre el impacto de las tasas en la Justicia y buscará su consenso para “ajustar” el funcionamiento de los gravámenes implantados por su predecesor en el caso de que se acredite ese “impacto”.

“En todo caso, no estamos ante un escenario de derogación de la ley de tasas”, ha dejado claro el ministro de Justicia, que ha incidido en que su actuación se limitará a “promover ajustes” para garantizar el buen funcionamiento de la Justicia y el acceso de los ciudadanos a los tribunales.

La portavoz del PSOE en Justicia Rosa Aguilar le ha exhortado a “enterrar” y poner “punto y final” a la Ley de Tasas judiciales ahora que se cumplen dos años de su aprobación. “Mañana hace dos años que se aprobó el tasazo y creame no es para celebrarlo, sino para derogarlo. Nunca debieron aprobarlo pero la soberbia le llevó a votarla en absoluta soledad”, ha denunciado.

Aguilar ha recordado que la norma ha recibido la oposición de todos los profesionales y hasta cinco recursos de inconstitucionalidad, mientras que solo ha conseguido llevar la “desigualdad” a la Justicia y “atacar” la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todos los españoles.

“Actúe ya, pronto y de inmediato, porque usted tiene la obligación política, moral y ética de restituir los derechos sustraídos indebidamente a la ciudadanía y solo tiene un camino: derogar las tasas y acabar con el sufrimiento y la pesadilla de una gran parte de la ciudadanía, la menos favorecida”, ha concluido.