Catalá apuesta por revisar la elección del CGPJ y por acotar los aforamientos

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha apostado hoy por la revisión del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y por acotar los aforamientos, reduciendo su número y dejando claro a quién se aplica esta figura y para qué.

Serían dos de los retos de la próxima legislatura que, a su juicio, contribuirían a mejorar la imagen que muchos ciudadanos tienen de una justicia politizada y para fortalecer la independencia del Poder Judicial.

Catalá ha hecho estas consideraciones en un desayuno informativo organizado por Estrella Digital, donde ha repasado las reformas que en materia de Justicia se han llevado a cabo desde 2012 y que ya están dando resultados. Como ejemplo, ha asegurado que el 80 por ciento de las sentencias se confirman en segunda instancia.

Pero aún queda mucho por hacer, ha enfatizado Catalá, que ha querido dejar claro que esas reformas aún pendientes deben hacerse con acuerdo entre los grandes partidos pero también con la participación de instituciones como el CGPJ, la Fiscalía, las comunidades autónomas, las asociaciones, los sindicatos y los colegios profesionales.

Y en esos deberes para la próxima legislatura Catalá ha incluido el fortalecimiento de la independencia judicial, por lo que ha apostado por volver a revisar el sistema de elección de sus vocales y la designación de cargos.

Hay que dedicarle tiempo a esa tarea, ha dicho el titular de Justicia en funciones, como también a reflexionar sobre las “puertas giratorias” entre la política y la justicia y estudiar alternativas porque el sistema actual es “excesivamente inmediato” en el paso de una a otra.

También ha incluido entre los retos próximos la revisión del sistema de aforamientos, que los ciudadanos perciben como un privilegio de políticos y jueces.

En esa revisión, Catalá cree que debe reducirse el número de aforados de forma importante y concretar quiénes y cuándo pueden serlo.

Otra de las tareas para la próxima legislatura tiene que ver con los indultos, que de todos modos, según el ministro, ya se aplica “muy limitadamente”.

Sin poner en cuestión la planta judicial, Catalá también ha abogado por hacer una “reflexión global” de la organización territorial de la Justicia y ha dicho que el sistema se puede permitir que haya entre 400 y 500 jueces de los 5.400 existentes pegados a territorios más pequeños aunque su carga de trabajo no sea muy alta.

Al mismo tiempo, ha creído necesario fortalecer los juzgados de ámbito superior especializados en concreto los económico-financieros para que se hagan cargo de los casos de este tipo que llegan a los de instrucción y les bloquean por su complejidad.

Y entre los resultados que ya se perciben de las reformas, Catalá ha mencionado los 5.000 conflictos que se han presentado ante la jurisdicción voluntaria, los más de 2.000 mediadores registrados en distintas instituciones, los 2,5 millones de asuntos que ya no están ante la justicia penal por la modificación de las faltas y las más de 300.000 causas pendientes revisadas de manera coordinada.

La eliminación del papel ha permitido que ya se hayan realizado 30 millones de comunicaciones por vía electrónica, según el ministro, que ha resaltado además los 50.000 nacimientos inscritos en el Registro Civil desde los hospitales.