Catalá defiende la vigencia del acuerdo con C's que pide apartar a un político tras su imputación

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este viernes la vigencia del pacto de legislatura alcanzado entre el Partido Popular y Ciudadanos y en concreto en lo que se refiere a apartar de sus cargos a aquellos políticos imputados en casos de corrupción pese a que algunas voces de su formación han pedido que se revise este punto y se pidan responsabilidades una vez se abra juicio oral.

Antes de participar en unas jornadas organizadas por el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, el ministro de Justicia ha asegurado que está “muy conforme” con el acuerdo de 150 medidas firmado con la formación naranja, del que ha dicho que “está en vigor y goza de muy buena salud”.

“Será en el momento procesal (en el que las personas sean declaradas imputadas) cuando deban abandonar sus responsabilidades. por lo tanto queremos poner de manifiesto que cuando existan indicios y el juez considere que hay alguna formalidad, en ese momento se puede exigir algún tipo de responsabilidades”, ha afirmado.

Catalá corrige así al portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, quien esta mañana, y con motivo del fallecimiento de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberà, ha pedido que se revise este punto y que se aparte al político de su cargo una vez el juez decida abrir juicio oral y no en la fase previa de investigación.

ACORTAR LAS FASES DE INSTRUCCIÓN

Además Catalá ha vuelto a poner de manifiesto la intención de alcanzar un acuerdo con los grupos parlamentarios --ante quienes comparecerá el 5 de diciembre en la Comisión de Justicia-- de cara a la reforma del Código Penal Procesal y concretamente en lo que se refiere a acortar las fases de instrucción de las causas penales y otorgar la investigación de las mismas a los fiscales.

“Hay un consenso bastante amplio entorno al tema de la agilización de la justicia penal y encomendar a los fiscales la investigación, por ello el dotar a la fase de investigación de unos plazos más cortos y que sea en la fase de enjuiciamiento cuando se lleve a cabo la valoración jurídica de las responsabilidades es un cambio de modelo de nuestra justicia penal, un cambio muy cercano a lo que existe en el resto de Europa”, ha subrayado.

El ministro ha recordado que se trata de una reflexión antigua si bien se ha remitido al fallecimiento de Barberà el pasado miércoles en un hotel de Madrid tras sufrir un infarto y 48 horas después de declarar ante el Tribunal Supremo en calidad de investigada por el caso Taula, para recordar que este “lamentabilísimo” hecho pone de manifiesto que ha sido un proceso judicial demasiado largo.

“Ha estado mucho tiempo abierto sin llegar a conclusiones y sin embargo la opinión pública y los medios sí estaban trabajando en la exigencia de responsabilidades. Ojalá seamos capaces de contar con un sistema penal ágil, rápido y que nos ayude a que no rompamos un principio constitucional como es el de la presunción de inocencia”, ha apostillado.

Durante su intervención en las jornadas 'Al servicio de los madrileños' el ministro ha enumerado los retos de la legislatura, en la que espera conseguir consenso con los grupos parlamentarios y actores jurídicos, poniendo el foco en la necesidad de poner en marcha un nuevo modelo de investigación y enjuiciamiento penal que no genere “desconfianzas”.

Además también mostrado la “intolerancia absoluta” contra la violencia de género, con motivo del Día Internacional, y se ha referido a la necesidad de ir aplicando las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, aspecto en el que los procuradores han sido “pioneros”.