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Cataluña copará la última sesión de control en el Congreso antes del 1-0

EFE

Madrid —

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Dos interpelaciones y cuatro preguntas al Gobierno sobre el conflicto independentista en Cataluña coparán la última sesión de control al Gobierno en el Congreso del próximo miércoles, la última antes de la convocatoria del referéndum ilegal del domingo 1 de octubre.

En ausencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de visita en EE.UU., la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, deberá responder a dos preguntas de Ciudadanos y Unidos Podemos sobre la crisis en Cataluña.

Los diputados del PSOE, una semana más, preferirán no preguntar al Gobierno sobre este asunto, para el que han propuesto una comisión parlamentaria sobre el modelo territorial que comenzará a trabajar en breve.

Así las cosas, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pedirá a Sáenz de Santamaría que explique su posición sobre la actual situación en Cataluña.

Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, preguntará a la vicepresidenta si puede garantizar que se han disuelto las “estructuras policiales paralelas” que se usaban, a su juicio, para atacar a las fuerzas políticas catalanas y a la oposición política en el resto de España.

Desde del PSOE y más allá del problema catalán, Fátima Lastra interrogará a Sáenz de Santamaría por el valor que tiene para el Gobierno las resoluciones que aprueba el Congreso.

Gabriel Rufián, de ERC, que lleva dos semanas seguidas protagonizando duros enfrentamientos con el Gobierno, también ha registrado otra pregunta dirigida al Ejecutivo.

“¿Tiene previsto el Gobierno alguna actuación para evitar que se produzcan más detenciones de cargos políticos en Cataluña?”, es el texto de la pregunta.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, responderá a otras dos cuestiones sobre la situación en Cataluña.

Juan Antonio Delgado, diputado de Unidos Podemos y guardia civil, preguntará a Zoido qué está haciendo el Gobierno para proteger la imagen y el prestigio de los trabajadores y trabajadoras desplegados en Cataluña.

También sobre la Guardia Civil y la Policía Nacional versará la pregunta al ministro del Interior del diputado del PNV Mikel Legarda. “¿Hasta cuándo piensa mantener en Cataluña, como medida de excepción, a los guardias civiles y policías nacionales desplegados desde otros lugares?”, interpela.

Además de esta batería de preguntas, los grupos han presentado tres interpelaciones al Gobierno sobre la crisis en Cataluña.

El PDeCat y Unidos Podemos recuperan las dos interpelaciones sobre la situación en Cataluña que quedaron aplazadas esta semana por la ausencia en la sesión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El portavoz del PDeCat, Carles Campuzano, interpelará al Ejecutivo por las “graves decisiones” que está adoptando frente al “legítimo y democrático” derecho de los catalanes a decidir el futuro político de Cataluña.

En la exposición de motivos, Campuzano lamenta los esfuerzos económicos, jurídicos y policiales que está utilizando el Gobierno para impedir que los catalanes acudan a las urnas y “qué poca materia gris” aplican para construir una respuesta “política, económica y social” desde España para Cataluña.

“La demanda catalana por la independencia no es unánime; la demanda para votar, sí. Sólo las urnas pueden clarificarnos las voluntades”, señala.

Frente a ello, denuncia, el Gobierno ha activado la llamada “brigada Aranzadi” y la “maquinaria policial del Estado” para que no se vote, en una respuesta “agresiva, desproporcionada y amenazante”. “¿Puede alguien pensar que tantas amenazas resuelvan el problema político?”, se pregunta.

La segunda interpelación sobre Cataluña la firma el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, que denuncia la “estrategia del miedo” puesta en marcha por el Gobierno central en contra de la “demanda mayoritaria” de los catalanes de decidir el estatus de Cataluña en referéndum.

Por último, Joan Tardá, de ERC, también ha registrado otra interpelación en la que cuestiona al Gobierno sobre las medidas que ha puesto en marcha para impedir el deseo de los catalanes a “ejercer su derecho a decidir”.

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