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Cayo Lara exige trasladar a las CCAA los 18.000 millones de la moratoria de la UE al Gobierno

Cayo Lara exige trasladar a las CCAA los 18.000 millones de la moratoria de la UE al Gobierno

EUROPA PRESS

VALENCIA —

Así se ha pronunciado Lara en declaraciones a los medios antes de participar en la clausura de la XI Asamblea de EUPV celebrada en l'Eliana (Valencia), donde ha defendido la necesidad de trasladar ese 1,8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a las regiones teniendo en cuenta “la proporcionalidad de gasto que tiene el Estado respecto a las comunidades autónomas”.

Además, ha resaltado que las regiones “no tienen poder para hacer modificaciones sustanciales desde el punto de vista de la fiscalidad y no pueden combatir el fraude porque tampoco está en sus propias competencias” mientras que el Estado “sí puede dotarse de más recursos para combatir el déficit, desde esa lucha contra el fraude y con una reforma fiscal progresiva.

Cayo Lara ha abogado en este punto por hacer pagar los impuestos “a aquellos que están defraudando impuestos a la Hacienda pública, que no son otros que las grandes fortunas y las grandes empresas en nuestro país”.

En relación a la anunciada intención del G-20 de acabar con los paraísos fiscales, el coordinador de IU ha mostrado su escepticismo, ya que “es una cantinela que llevamos escuchando ya durante no sé cuantos años y todos esos años nos están mintiendo una vez sí y otra, también”.

A su juicio, los poderes políticos “están en manos de los grandes defraudadores económicos, que son los que tienen patentes de corso para seguir defraudando a la Unión Europea”. Al respecto, ha indicado que si el billón de euros que se calcula se pierde en la UE como consecuencia del fraude se incorporara a la economía comunitaria, “se acabaría de manera radical con esos 27 millones de parados que tiene la UE”.

Por ello, ha reclamado a los mandatarios “menos palabras y más hechos”, porque “ya estamos hastiados de escuchar siempre las mismas cantinelas para finalmente no cumplir con los compromisos y con la legalidad vigente, que es la que tendrían que cumplir los gobiernos, empezando por el de España”.

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