CiU, ERC e ICV-EUiA quieren que el Estado avale la consulta con el 150.2 de la Constitución

CiU, ERC e ICV-EUiA pedirán al Gobierno español que avale la celebración de una consulta de autodeterminación en Cataluña a través del artículo 150.2 de la Constitución, que prevé “transferir o delegar” a las autonomías competencias que son titularidad del Estado.

Lo han anunciado los tres partidos este lunes en sus respectivas ruedas de prensa, donde han admitido que donde aún no existe un acuerdo es sobre cómo llevar esta petición al Congreso, es decir, el instrumento para que esta cuestión se debata en el pleno de la Cámara Baja.

Esta tarde se reúne la comisión de estudio parlamentaria sobre el 'derecho a decidir' y los tres partidos trabajan para anunciar un acuerdo total para este lunes.

La portavoz de ERC, Anna Simó, ha defendido que esta petición al Estado supondrá la prueba definitiva para ver si existe “voluntad política” para avalar la celebración de la consulta, y ha sentenciado que para su partido convocarla a través de un acuerdo con el Gobierno central es el mejor de los escenarios, aunque no descarta otros.

El vicesecretario general de UDC, Toni Font, ha asegurado que el acuerdo sobre el 150.2 de la Constitución es una “buena manera de solemnizar” el proyecto iniciado, y ha requerido de nuevo al PSC que les acompañe en su desarrollo.

Pese a admitir que puede ser más difícil que los socialistas se adhieran tras la Conferencia Política del PSOE de este fin de semana, ha insistido en que debe intentarse que se sientan cómodos: “Nuestra obligación es evitar que se descuelguen más fuerzas políticas del proceso iniciado, no nos podemos permitir este lujo”.

La portavoz de ICV-EUiA en el Parlamento, Dolors Camats, ha defendido que se reclame la transferencia de la competencia porque en el Estatut que salió del Parlamento el 30 de septiembre de 2005 --y que luego fue modificado en el Congreso-- ya se contemplaba que Cataluña obtuviese a través del 150.2 la capacidad de convocar referéndums.

Camats ha recordado que entonces el PSC votó a favor de ese Estatut, por lo que ha reclamado a los socialistas que actúen en consecuencia en esta ocasión y no se desmarquen de los grupos favorables a la consulta: “¿Qué problema tienen? Lo único que se me ocurre es no querer incomodar al PSOE en el Congreso, y eso a mi como argumento no me convence”.

La dirigente ecosocialista, que ha recordado que pedir la transferencia supone actuar para que sea una consulta “legal y acordada” tal y como pide el PSC, ha defendido que sea el Parlamento y no los grupos quienes registren la petición en el Congreso porque, aunque pueda dilatar los plazos, otorga más legitimidad a la petición de consulta.

EL INSTRUMENTO

La negociación entre los partidos se centra ahora en encontrar el instrumento para llevar esta petición al Congreso, ya que de él depende que se pueda tramitar y debatir con celeridad, o de que se se abra la puerta a que puedan pasar meses para que se produzca el debate y la votación.

Hay una amplia variedad de posibilidades, entre ellas, la de llevar al Congreso una iniciativa legislativa del Parlamento; aprobar una “resolución política” en el marco de la comisión y elevarla al pleno de la Cámara Baja o que uno de los tres partidos lo lleve como iniciativa propia.

Simó (ERC) ha advertido de que su partido no es partidario de utilizar un instrumento que permita al Congreso y al Gobierno dilatar el proceso soberanista catalán, y ha abogado porque se pueda discutir la iniciativa en Madrid como máximo dentro del “primer trimestre” de 2014.