CiU insta al diálogo y a sacar el futuro de Cataluña de los tribunales

El grupo parlamentario de CiU ha presentado una propuesta de resolución en el debate sobre el estado de la nación en la que insta a dialogar y a negociar sobre el futuro de Cataluña y a que el “el derecho a decidir” no se solvente en los tribunales.

Esa es una de las quince propuestas del grupo nacionalista catalán para su debate mañana en la última jornada del debate sobre política general, durante el que se ha conocido la sentencia del Tribunal Constitucional en la que ha anulado la consulta soberanista convocada en Cataluña el pasado 9 de noviembre.

La propuesta de resolución de CiU critica la actitud “negligente” del Gobierno ante “las reiteradas y legítimas demandas” de Cataluña y de la Generalitat para “permitir de forma acordada el derecho a decidir” su futuro político.

El grupo catalán sostiene que “la solución a los conflictos entre el Estado y Cataluña” sobre esta cuestión no debe “solventarse jurídicamente en los tribunales”, como ocurrió con la sentencia del Estatuto o con la conocida hoy, sino “a través del diálogo, la negociación y la voluntad decidida de facilitar los cauces democráticos de participación y votación”.

En esa misma propuesta, CiU pide al Gobierno que solicite a la Fiscalía que promueva el sobreseimiento y archivo de los procedimientos derivados de las querellas presentadas contra el presidente de la Generalitar, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau, por la celebración del 9N.

Asimismo, CiU pretende que el Congreso denuncie los “constantes incumplimientos” del Gobierno central en las relaciones institucionales y exija la convocatoria inmediata de los órganos paritarios entre ambos ejecutivos.

Y exige el “rápido traspaso” competencial en cuestiones como las becas, las reclamaciones económico-administrativas o la titularidad de edificios y equipamientos de la Seguridad Social a efectos de asistencia sanitaria, cuestiones recogidas en el Estatut y respetadas por el Tribunal Constitucional.

Además, CiU pide que se retiren los recursos del Gobierno central contra leyes autonómicas catalanas, como las que fijan impuestos a las entidades de crédito y a la producción de energía nuclear.

Demanda que se dé cumplimiento a los 23 puntos planteados por el presidente de la Generalitat al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en el mes de julio y que se reforme el sistema de financiación autonómica.

Otra de sus peticiones es la publicación de las balanzas fiscales a través del Instituto de Estudios Fiscales, tanto con el criterio “carga-beneficio” como con el de “flujo monetario”.

En materia de regeneración democrática, CiU plantea reformar la ley electoral para acabar con el sistema de listas cerradas y bloqueadas, la regulación de los “lobbies” o la reforma del reglamento del Congreso.

Además, la formación nacionalista ha pedido un incremento de la inversión productiva pública en Cataluña a niveles que oscilen entre el 16 % (porcentaje de población) y el 18,8 % (porcentaje de aportación al PIB estatal).