CiU empezó a preparar su adelanto electoral en clave soberanista en febrero

La reacción de CiU, en general, y del presidente de la Generalitat, Artur Mas, en particular, tras la masiva manifestación independentista de la Diada del 11 de septiembre, dejó estupefacta a la mayoría de la clase política, tanto la catalana como la española. Sin embargo, todo llevaba cocinándose más de siete meses.

Su discurso épico en el debate de política general en el que anunció la convocatoria de elecciones anticipadas el próximo 25 de noviembre y la celebración de un referéndum sobre la autodeterminación con o sin autorización del Gobierno central le convirtió en el líder consolidado del soberanismo catalán.

Pero, según mantienen fuentes tanto de Convergència como del PP, CiU no dejó absolutamente nada a la improvisación. De hecho, sostienen, la federación nacionalista venía preparando la maniobra desde el pasado febrero. Entonces, Rajoy apenas llevaba un mes como presidente del Gobierno, quien decidió invitar al presidente de la Generalitat a La Moncloa para reforzar las relaciones entre el PP y CiU.

A pesar de que los populares gobiernan con mayoría absoluta, el panorama catalán es distinto: los únicos presupuestos que ha sacado adelante CiU en Cataluña ha sido con el apoyo de los 18 diputados autonómicos del PP. Unos presupuestos neoliberales y restrictivos que marcaron el camino de los recortes del Gobierno del PP un año antes de que Rajoy ganara las elecciones. En contrapartida, el apoyo de CiU permitiría a Rajoy aprobar sus reformas sin ofrecer una imagen de soledad ni tampoco de estar aplicando el rodillo de la mayoría absoluta en el Congreso.

'No' rotundo

La cita llegó a finales de febrero, e iba a ser una reunión privada, sin informar a la prensa. Cuando Mas llegó al atardecer al palacio de La Moncloa, acompañado del consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, se encontró con la desagradable sorpresa de que el presidente del Gobierno había excusado su asistencia por razones de agenda. En su lugar fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la encargada de recibir al president Mas.

Con un mal disimulado enojo, el presidente de la Generalitat decidió ir directamente al grano: lo único que podía consolidar una relación estable entre CiU y el PP en Cataluña era el compromiso de avanzar en la negociación del pacto fiscal. La respuesta de la vicepresidenta fue un no rotundo. El Tesoro español, argumentó Moncloa, estaba en una situación que les obligaba a priorizar las exigencias de la Troika, y el Gobierno no quería perder el tiempo con esa clase de negociaciones porque, además, buena parte del déficit oculto estaba en las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el PP, y si insinuaban que el pacto fiscal catalán era posible se arriesgaban a una revuelta interna.

Sáenz de Santamaría conocía perfectamente las condiciones de las arcas de las autonomías. No en vano, durante años fue la responsable de políticas autonómicas del PP, antes de convertirse en la número dos del Gobierno.

En aquel momento, Mas decidió dar por concluida la reunión, no sin antes dejarle claro a la vicepresidenta cuáles iban a ser las consecuencias de su negativa: primero, promovería una ley en el Parlament de Catalunya para convocar una referéndum sobre el pacto fiscal y, si el Gobierno no lo autorizaba, convocaría elecciones anticipadas en noviembre, en tono plebiscitario, y CiU concurriría con un programa sin precedentes en clave soberanista.

Mas cumplió su promesa y ya en marzo empezó a agitar las aguas del Parlament para convocar un referéndum sobre el pacto fiscal. Las declaraciones de Sáenz de Santamaría de los últimos días sobre la ilegalidad del referéndum de autodeterminación aprobado en la resolución del Parlament el pasado jueves 27 sonaban tremendamente familiares: son exactamente las mismas que pronunció el 16 de marzo, cuando la cámara catalana empezó los trámites para el referéndum sobre el pacto fiscal. Fuentes de la vieja guardia del PSOE se muestran particularmente críticos con la actitud de Rajoy hacia Mas. No sólo por haberle ninguneado en aquel primer encuentro celebrado en marzo, sino por no haberle recibido hasta el 21 de septiembre, nueve meses después de jurar como presidente del Gobierno.

Finalmente, la votación se celebró en el Parlament. Sólo votaron en contra el PP, el PSC –con la excepción de Ernest Maragall, que rompía así por primera vez la disciplina de voto- y Ciutadans pel Canvi.

Desde ese momento, los sectores más soberanistas de Convergència iniciaron una aproximación a Esquerra Republicana, a las CUP (Candidaturas de Unidad Popular) y, sobre todo, a la Assemblea Nacional de Catalunya, la plataforma civil transversal que convocó la manifestación del 11 de septiembre, vigilada de cerca por los servicios de información de los Mossos d’Esquadra, conocidos como los mortadelos, al mando del consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig, un declarado independentista y muy próximo a la familia Pujol Ferrusola.

De manera que CiU sabía que un millón y medio de personas se echarían a la calle el 11 de septiembre para reclamar la independencia de Cataluña. Mas y su equipo llevaban casi seis meses esperando el momento y asistían desde la barrera a la repulsa social a los recortes del Gobierno del PP que ocultaban los de los nacionalistas en Cataluña.

Cuando llegó la Diada, Mas estaba preparado para que fuera la derecha liberal catalana la que capitalizara el proceso de autodeterminación de Cataluña, mientras el segundo partido catalán, el PSC, sumido en una crisis cainita y con un candidato tan poco viable como Pere Navarro, intentaba (y sigue intentándolo) no perder el tren sin enojar a la dirección del PSOE en Ferraz.

De la misma manera, sabía cuál iba a ser la respuesta de Rajoy en la reunión del día 21: “La Agencia Tributaria no se toca porque es de las pocas cosas que funcionan bien”. Cuando Mas le argumentó que la transferencia no costaría al Estado ni un euro, la respuesta del presidente del Gobierno, aunque cordial, fue: “¿Y qué quieres que te diga?, yo sólo soy un diputado más y hay 350. Lleva la propuesta al Congreso como hizo Ibarretxe”.

Críticos desactivados

El sector crítico del PSC ha sido desactivado. Su intención de vertebrar una izquierda nacional catalana como alternativa a CiU deberá esperar cuatro años más. Los que debían ser sus aliados en ese proyecto, ERC e ICV-EUiA, de momento están apoyando a Mas, mientras el PSC sigue sumido en el desconcierto.

Las diferentes encuestas publicadas este fin de semana daban por hecho un descalabro electoral del PSC aún mayor que el de 2010 y eso que habían sido realizadas antes de conocerse que el candidato será Pere Navarro.

Uno de los sondeos, el de El Periódico de Catalunya, aseguraba que el 70% de los votantes apoyaría la celebración de un referéndum de autodeterminación. En ese escenario, las encuestas que otorgan un resultado de 16 diputados al PP parecen cocinadas. Los trabajos del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), el equivalente catalán del CIS, auguran al PP una caída de sus actuales 18 diputados a un máximo de 10.

No son pocos los dirigentes del PP convencidos de que la actual presidenta del partido en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, podría abandonar su cargo para ocupar un cargo en el Ministerio de Empleo. O incluso la cartera, si los problemas judiciales de la ministra, Fátima Báñez, en Andalucía se complican –una empresa participada por ella está implicada en el escándalo de Mercasevilla- y si la ayuda de los 400 euros a los parados que han agotado su prestación desaparece en febrero, como se desprende de los Presupuestos Generales del Estado presentados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la semana pasada.