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La Cicig exige seguir la lucha anticorrupción al concluir su mandato en Guatemala

La fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, habla durante la entrega del informe final de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en Ciudad de Guatemala (Guatemala).

EFE

Guatemala —

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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) entró en la recta final de su mandato este martes exigiendo que se continúe el “legado” que se ha levantado para la construcción de la democracia y la lucha contra la corrupción.

Bajo el lema “Juntos lo hicimos”, el ente auspiciado por Naciones Unidas, que empezó a funcionar en 2007 para combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos incrustados dentro del Estado, presentó su informe final en el que repasa, en una línea de tiempo, su actividad durante los últimos 12 años.

Ahí están los casos más icónicos que la Cicig, en colaboración con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, ha desarrollado a lo largo de estos años: más de 120 casos judicializados, más de 70 estructuras criminales desarticuladas y casi un centenar de procesos de desafuero contra grandes funcionarios implicados en actos ilícitos.

La Cicig, una experiencia innovadora y única de cómo la comunidad internacional puede apoyar a los Estados en la lucha contra la corrupción y la impunidad, llegó en el año 2007 ante la emergencia de que Guatemala se convirtiera en un “Estado fallido”.

Así lo recuerda el informe final y también así lo mencionó el abogado colombiano y comisionado de este ente desde 2013, Iván Velásquez. En un video, debido a la prohibición que le ha impuesto el Gobierno de Guatemala por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional, agradeció el apoyo recibido.

A pesar de que un grupo de diez personas, entre ellos familiares de algunos imputados e implicados en casos de corrupción desmantelados por la comisión intentaron boicotear el evento con insultos y abucheos, todo siguió con llamados a la calma y Velásquez recordó que la Cicig ha ayudado a “exponer el mapa y los actores de impunidad” en el país.

“La justicia puede y debe ser imparcial e independiente y alcanzar a todos”, dijo ante la ovación de una sala repleta, a la que le contó que durante este tiempo, en el que más de 1.500 personas fueron sindicadas, se hizo un gran trabajo pero que aún “falta más”.

Al pueblo guatemalteco, continuó, le deseó que encuentre “caminos de unidad” en el proceso de reconstrucción de democracia “para vivir con dignidad y en condiciones dignas”, una ruta por el que todos los empleados de la Comisión, locales y extranjeros, han hecho lo imposible en este tiempo.

A este cierre de telón, que proseguirá este miércoles, también asistieron personas de la sociedad civil, como la exvicecanciller Ana María Diéguez -que renunció a 30 años de servicio diplomático en agosto de 2017 cuando el presidente Jimmy Morales declaró non grato a Iván Velásquez- o personal de la ONU, que compareció con mensajes grabados.

Así fue cómo contó su experiencia el español Carlos Castresana, quien fue comisionado de la Cicig entre 2007 y 2010, durante el primer período. Ahora, echando la vista atrás, dijo que es la oportunidad de celebrar con “satisfacción” el deber cumplido por haber contribuido a la “gobernabilidad y al sistema democrático”.

“La Comisión es y va a seguir siendo (...) un estado de ánimo y como tal tiene carácter permanente”, reiteró, y agregó que su éxito se debe a su carácter “bilateral” y a su lucha por el principio de legalidad, en el que la ley alcance a todos por igual para asegurar el disfrute de los derechos humanos.

Y para ello apoyaron al personal local en el desarrollo de técnicas especiales de investigación, escuchas telefónicas, sistema de protección de testigos o videoconferencias, unos métodos que esperan que sigan desarrollándose en Guatemala para decirle “que no a la violencia y a la corrupción”.

También estuvo presente la fiscal general Consuelo Porras, quien dijo que desde que asumió el cargo en mayo de 2018 la actividad “ha sido constante” y los casos no han dejado de “fluir”, y prometió que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, creada por la Cicig, seguirá funcionando y contará con el apoyo del Ministerio Público.

En este documento final, previo al cierre de operaciones que se prevé para final de este mes antes de la conclusión de operaciones de forma oficial el 3 de septiembre, también se mencionan los “obstáculos institucionales y procesales” encontrados desde el principio.

Entre ellos está la falta de personal especializado, la renuencia de jueces a aceptar a la Cicig como querellante adhesivo, el litigio malicioso (con la presentación de recursos para retrasar el proceso) y una campaña negra nacional e internacional de “difamación” de sectores que no apoyan la lucha contra la corrupción por afectar sus intereses.

Patricia Pernas

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