La Cicig comienza su último mandato de dos años en Guatemala

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) inició hoy su último mandato de dos años en el país en medio de una crisis institucional originada por la frustrada intención del presidente Jimmy Morales de expulsar a su titular, el abogado colombiano Iván Velásquez.

El mandato fue prorrogado el 12 de diciembre del año pasado por Morales durante una visita que efectuó a la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

La Cancillería publicó hoy en el Diario de Centroamérica (oficial) el acuerdo firmado entre la ONU y Morales el 12 de diciembre de 2016, en el que el Gobierno se compromete a cumplir y aplicar “fielmente las disposiciones”.

La Cicig se estableció en Guatemala en 2007 para un periodo de dos años, para contribuir con la desarticulación de las estructuras paralelas de seguridad, pero se ha ido prorrogando su mandato, que vence en 2019.

Los mayores éxitos del ente de la ONU los tuvo a partir de abril de 2015 cuando desarticuló una estructura criminal autodenominada “La Línea”, dedicada a la defraudación en las aduanas guatemaltecas.

Según la investigación de la Cicig y del Ministerio Público (MP), esa organización era dirigida por el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Baldetti renunció en mayo de ese mayo y en agosto fue detenida y procesada por corrupción, mientras que Pérez Molina fue detenido en septiembre de 2015 después de dimitir tras ser desaforado por el Congreso.

Ambos están acusados de los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

A ello le ha seguido una decena de casos destapados por la Cicig y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del MP, hasta el último que implica al actual presidente, Jimmy Morales, en un delito de financiación electoral ilícita, por el que ambas instituciones pidieron el 26 de agosto a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le levante el fuero para que sea investigado.

El pleno de magistrados del Supremo tienen programado reunirse este lunes para comenzar a analizar esta petición y otros dos por obstrucción a la justicia y abuso de autoridades presentados por particulares, por la decisión de Morales de declarar el 28 de agosto último no grato al jurista colombiano y ordenar su expulsión del país por su “injerencia en asuntos internos”.

La decisión, no obstante, fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala, por considerarla “ilegal”.