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Cifuentes no ve delito en la acción de los activistas de Greenpeace en el Congreso

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La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, no ve delito en la acción que protagonizaron activistas de Greenpeace en el Congreso el pasado miércoles, cuando uno de ellos llegó a escalar a la azotea de la Cámara Baja, y ha señalado que la actuación policial fue "correcta".

En su opinión, "en ningún momento" hubo "problema ninguno de que estas personas pudieran entrar en el Congreso y pudieran alterar el normal desarrollo de la sesión plenaria, que es lo que el Código Penal establece como delito contra las instituciones del Estado".

Por eso, "no hablamos de existencia de delito sino de una situación de grave peligro para la persona que trepó", ha señalado Cristina Cifuentes en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Aunque ha señalado que "lo deseable" es que este incidente no se hubiera producido, Cifuentes se ha negado a hablar de fallo policial y ha señalado que es "complicado" este caso porque a causa de las obras el Congreso está lleno de andamiaje y además "no se esperaba una actuación (de protesta) de este tipo".

Además, ha considerado "correcta" la actuación de la Policía, incluso "mesurada", porque el riesgo de caerse que tenía el activista habría aumentado si los agentes hubiesen escalado también para detenerlo.

La Policía, ha añadido, "hizo lo que tenía que hacer", que fue entrar por dentro de la azotea y bajarlo.

Cifuentes también se ha referido al movimiento del 15M, que en su opinión ha ido perdiendo apoyo social por haberse "radicalizado".

Tras subrayar la "muchísima fuerza" con la que surgió, como un movimiento ajeno a la política, que quería aglutinar diferentes corrientes y quería regenerar el sistema, además de que proponía "cosas que podían ser compartidas por muchos", Cifuentes ha considerado que después "se ha ido radicalizando".

No obstante ha añadido que no pretende despreciar este movimiento que "ha tenido importancia", nació para "intentar espolear la conciencia colectiva y "probablemente haya aportado".

La delegada del Gobierno no ha querido, por otra parte, comentar el archivo, por parte del juez, del caso del escrache contra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Y ha advertido de que aunque el juez haya señalado que no constituyó delito, la Delegación del Gobierno seguirá determinando las infracciones administrativas que se han producido y que son motivo de sanción, tanto por celebrar una concentración que no había sido autorizada como por otras faltas, que pueden ser leves como la de alterar la vía pública o graves como alteración del orden.

Dichas infracciones, ha recordado, conllevan sanciones de entre 200 y 1.500 euros, y se dictan tras un procedimiento muy "garantista", que incluye un periodo de alegaciones.

En cualquier caso, Cristina Cifuentes ha advertido de que no se le puede llamar escrache "prácticamente a cualquier cosa" y el juez debe ver en cada situación lo que ha ocurrido y si es delito o no.

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